Los asesores fiscales anticipan una ola de litigios por el impuesto a los ricos

Se ha convertido en una de las herramientas de recaudación que mayor polémica ha generado en los últimos tiempos. Y no solo por ser una nueva figura. El impuesto de solidaridad que las grandes fortunas deben abonar al fisco hasta el próximo 31 de julio puede convertirse en foco de litigios con un alto coste para el Estado. Los asesores fiscales llevan tiempo advirtiendo de que este gravamen presenta signos de inconstitucionalidad tanto por la forma «meteórica» en la que se tramitó, como por la «deficiente» articulación técnica en algunos de sus puntos. En este escenario, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) defendió ayer que si finalmente el Tribunal Constitucional —que ya ha admitido a trámite algunos recursos— se pronuncia, el Estado tendría que devolver a los afectados que hayan recurrido lo abonado «más los intereses». Así que recomiendan «pagar el tributo e inmediatamente recurrir», anticipando ese fuerte repunte de las reclamaciones por una figura que grava los patrimonios superiores a los tres millones de euros. Los asesores fiscales apuntan directamente a dos puntos por los que el gravamen podría derivar en una ola de litigios. Por un lado, su propia tramitación parlamentaria, que desde Aeaf tachan de «anómala» y que «en nuestra opinión resulta decisiva de cara a determinar la inconstitucionalidad del impuesto».

En concreto, se refieren a la inclusión de la figura a través de una enmienda en el texto de una proposición de ley que inicialmente no incluía referencia alguna a este tributo «impidiéndose, de este modo, el debate o la incorporación de nuevas enmiendas, propiciándose una injustificada merma de las posibilidades de discusión parlamentaria». Recuerdan que este impuesto temporal es complementario al de Patrimonio, incorporando como uno de sus objetivos fundamentales anular, precisamente, los efectos de los beneficios fiscales que comunidades gobernadas por el PP aprobaron en su día en Patrimonio