La subida de los tipos de interés presiona la deuda de las autonomías

El abultado endeudamiento público sigue siendo uno de los grandes quebraderos de cabeza del Estado y de las propias comunidades autónomas, que en el último año han tenido que enfrentarse además al gasto extra que deben asumir para afrontar la mayor carga de intereses de su deuda, en el actual escenario de subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE).

Este entorno provocará que ese coste sea todavía mayor en los próximos años, en un momento en el que el saldo total de la deuda autonómica supera los 322.000 millones de euros —un 23,7% del PIB—, según datos del Banco de España a cierre del tercer trimestre. La cifra implica multiplicar por cinco la registrada en tiempos de la anterior crisis financiera.

Y según un reciente estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), mientras en 2022 el gasto autonómico en intereses de su deuda rondó los 3.600 millones de euros, este ejercicio ascenderá a 4.174 millones.

Y la cifra se incrementará hasta los 8.659 millones de euros en 2026. Es decir, multiplicará por más de dos los recursos que las autonomías destinan actualmente a satisfacer esa carga financiera.

Dicho de otra forma: habrá que dedicar 5.051 millones de euros más para atender la deuda que en 2022 (4.485 millones si se toma como referencia la estimación para este año), dinero que se tendrá que sacar de otras partidas de gasto.

Fedea elabora su cálculo bajo la previsión de que las haciendas autonómicas deben renovar en los próximos meses y años la deuda que emitieron a tipos de interés reducidos, antes de que el repunte inflacionista obligase al BCE a acometer el ciclo de subidas más rápido de su historia, pasando su tasa de referencia del 0% al actual 4,25% en apenas un año. Hay que tener en cuenta que el tipo medio de la deuda pública autonómica en 2022 fue del 1,1%. Es decir, las comunidades pagaban ese coste por financiarse.

Y Fedea estima que esa carga extra se doblará hasta situarse en el 2,7% en tres años. Los autores del informe apuntan además que las comunidades con parte de su deuda con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas presentan aumentos de los intereses entre el 1,6% y el 1,8%. Mientras que las que no se están financiando así (Navarra, País Vasco y C. Madrid) experimentan un aumento del tipo inferior, del 0,9%. «Ello es debido a que la cartera de deuda en estas regiones tiene una mayor vida media. No obstante, estas comunidades muestran en 2022 tipos más elevados que las demás, al presentar un mayor recurso al mercado y pasivos financieros con una vida media superior», explican los expertos.

Cataluña sería la región en la que la situación parece más comprometida, al ser la que asume también una mayor deuda. Este año afronta el pago de casi 1.170 millones de euros solo en intereses. Y en 2026 la cifra será de 2.412 millones. La situación ya ha sido puesta de manifiesto por otras instituciones como Funcas, que hace apenas unas semanas apuntaba a que «si se analiza la responsabilidad individual en el crecimiento de la deuda autonómica entre 2007 y 2022, casi la mitad del aumento (un 44%) corresponde únicamente a dos comunidades: Cataluña y Comunidad Valenciana».

De hecho, y teniendo en cuenta las estimaciones de Fedea entre este ejercicio y 2026, la Comunidad Valenciana sería la segunda en sufrir un mayor aumento del coste por los intereses de su deuda, al pasar de 476 millones estimados en 2023 a los 1.346 de 2026. Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León completarían los primeros puestos de este ranking al que nadie quiere pertenecer.

Consolidación

Con este escenario de aumento de la carga de intereses, los expertos de Fedea, al igual que ya han hecho otras instituciones como el Banco de España o la Autoridad Fiscal (Airef) insisten en la urgencia de acometer una estrategia fiscal a largo plazo para garantizar que la ratio de deuda sobre PIB siga una senda descendente en los próximos años.

Y critican medidas como las rebajas de impuestos que algunos líderes autonómicos están poniendo sobre la mesa en los últimos tiempos. «Las CC AA han de ser conscientes de que embarcarse en reducciones significativas de impuestos o proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social, dañaría la sostenibilidad de las finanzas regionales».