Un cambio antes del 23-J facilita a los saudíes entrar en Telefónica

Aunque la operadora saudí STC ha mostrado desde un primer momento su cara más benigna —«confiamos en el equipo de Telefónica y es demasiado pronto para hablar» de una entrada en el consejo, han aclarado—, los entresijos de la operación sí muestran una intención de ocupar uno de los hasta 20 sillones que puede tener el órgano ejecutivo de la firma española. Porque, además, así se lo permite la legislación española después de los últimos cambios introducidos en la normativa que regula la presencia de capital extranjero en corporaciones españolas y que el Gobierno modificó tres semanas antes de las elecciones generales del pasado 23 de julio.

Ese cambio de última hora abría la puerta a que no fuera necesaria una autorización del Gobierno ante compras como la del 9,9% de Telefónica que ha hecho STC si la empresa extranjera no tiene intención de formar parte del consejo de la firma de la que va a comprar su capital. El decreto previo al 23-J aclaraba que si esa era la intención del comprador «deberá acompañar dicha notificación de un documento en el que se comprometa fehacientemente en escritura pública a no utilizar, ejercer ni ceder a terceros sus derechos de voto, ni a formar parte de cualesquiera órganos de administración de la sociedad cotizada».

Pero en el caso de STC Group no ha sido así. Ni hay compromiso expreso de que no quieran acceder al consejo. Y, sobre todo, sí existe una petición de autorización para que el Ejecutivo avale la operación. Este hecho no implica que los saudíes vayan a reclamar desde un primer momento un puesto ejecutivo en el órgano que preside José María Álvarez-Pallete. Pero se guardan ese as en la manga para un futuro. Porque a medio y largo plazo esa posición pasará por un sillón, aclaran fuentes negociadoras a este diario. No tendría sentido tener un 10% de acciones y no estar en las decisiones del grupo, indican.

Corresponde al Ministerio de Defensa, dirigido en funciones por Margarita Robles, la decisión final de autorizar esa operación y, en su caso, elevarla a un posterior Consejo de Ministros para avalar la entrada de STC en Telefónica. La decisión recala en este departamento del Ejecutivo porque la ley indica que las actividades de defensa nacional son un sector con regulación específica cuando media la adquisición de una empresa española por parte de una foránea ajena a la Unión Europea. Telefónica es socia tecnológica de Defensa para el despliegue de las redes 5G de las Fuerzas Armadas y tiene firmados contratos para la instalación de telecomunicaciones o la implantación de la escuela de operaciones en ciberdefensa, entre otros contratos.

Álvarez-Pallete se encuentra en Riad, junto a los responsables de STC Group. Lo hace después de admitir que Telefónica no había sido consciente del movimiento que el martes por la noche anunció su nuevo primer propietario. Tampoco el Gobierno, tal y como apuntó la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Ni siquiera el rey Felipe VI, a pesar de las históricas relaciones entre la Casa Real y la monarquía saudí, como con otras del Golfo Pérsico. De hecho, Zarzuela ha salido a desmentir que conociera esa operación: «El Rey no ha recibido ninguna comunicación por parte de la compañía STC informando de la operación de compra de acciones de Telefónica», ha aclarado la Casa Real.

Pocos desembarcos empresariales han sido tan sigilosos en su preparación e impactantes en su ejecución como el de la operadora saudí STC al convertirse en el primer accionista de Telefónica. La operación, construida con la «máxima discreción» durante medio año, según apuntan fuentes cercanas a la negociación, labró su camino en silencio y con pequeños movimientos. Y esperó al verano, al mes de agosto, el periodo más calmado de actividad en España, para finiquitar el salto y lanzar el anuncio. Feijóo cargó ayer contra Sánchez tras la operación en Telefónica: «No se entera de lo que pasa en empresas estratégicas».