Empleo carga contra Fedea por sus críticas al subsidio de desempleo
La cifra apuntada por la fundación es casi cuatro veces superior a la que estima el Gobierno
Imagen del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. J. C. GANDUL
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha arremetido duramente contra el análisis de Fedea de la reforma de los subsidios por desempleo, cuyas cifras considera «desproporcionadas» y ha acusado al ‘think tank’ de «cuestionar desde un punto de vista neoliberal» las instituciones laborales para «estigmatizar» a los parados y «culparles» de su propia situación.
Fedea cuestiona algunos de los aspectos de la reforma del subsidio de desempleo recientemente aprobada por el Gobierno y ha planteado la necesidad de articular un sistema «más coherente», con una prestación contributiva más elevada pero limitada a 12 meses, a lo que seguirían 18 meses de subsidio.
En un artículo del investigador de Fedea Miguel Ángel García publicado este martes, se señala que en la reforma se aprecian «avances» en los incentivos a la búsqueda y aceptación de empleo por las personas que perciben este subsidio, entre los que destaca que la ayuda sea compatible con la incorporación a un empleo durante los primeros 180 días.
El Gobierno aprobó la semana pasada cambios en este subsidio, que se pasa a recibir cuando se agota la prestación contributiva, que se eleva a 570 euros los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes desde los 480 euros vigentes y será compatible con trabajar. Para Fedea, la norma ha priorizado el refuerzo de la protección (ampliando las ayudas a menores de 45 años y trabajadores agrarios) sin tener en cuenta el conjunto de prestaciones existentes dirigidas a las personas en situación de desempleo de larga duración, distribuidas entre diferentes organismos y administraciones públicas.
La decisión adoptada, calculan, implica que cada 100.000 nuevos beneficiarios aumentan el gasto en 612 millones de euros.
El número dos de Yolanda Díaz ha criticado el informe, elaborado por el investigador y profesor de la URJC, Miguel Ángel García Díaz, que estimaba un incremento de coste anual de 2.500 millones de euros, un 0,17% del PIB, por el mayor número de beneficiarios.
La cifra apuntada por Fedea es casi cuatro veces superior a la que estima el propio Gobierno, que en la memoria económica de la norma limita este impacto a 642 millones de euros, ya que el mayor gasto se vería compensado por la supresión de otras ayudas, como la Renta Activa de Inserción. »Me parece más un opinión personal del autor que un artículo sosegado y riguroso», ha remarcado Pérez Rey ha asegurado que los cálculos de Fedea implican que el número de beneficiarios aumentaría un 56%, algo que «no es previsible». Sin embargo, la «hipótesis» de 400.000 nuevos beneficiarios esgrimida por García Díaz responde a la cifra que el propio ministerio de Trabajo difundió durante la negociación del subsidio y no corrigió.
En cualquier caso, Pérez Rey ha defendido la validez de las cifras que recoge la memoria económica del decreto.