La pelea con Junts para lograr sacrla adelante se prevé larga y compleja Aprueba el nuevo cuadro macroeconómico con una mejora del PIB al 2,6%
El Gobierno aprueba la reducción de la jornada sujeta a cambios
Díaz y Cuerpo cierran el conflicto y encaran ahora juntos una negociación en el Congreso
Yolanda Díaz junto a Pilar Alegría y Carlos Cuerpo. Mariscal
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha vuelto a ganar otra batalla. Después del conflicto abierto con el ministro de Asuntos Económicos, Carlos Cuerpo, el Gobierno ya cerró filas y aprobó este martes el nuevo anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral de los trabajadores españoles a 37,5 horas semanales después de más de cuatro décadas congelada en 40 horas. Y dio el visto bueno al texto tal cual lo acordó Díaz con los sindicatos, sin cambiar ni una sola coma. Esa era su línea roja y finalmente ni Cuerpo ni ningún miembro del Gobierno la ha traspasado. El anteproyecto de ley también implica otras medidas, como el derecho irrenunciable a la desconexión digital y el nuevo registro de jornada, que deberá ser digitalizado y al que la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social podrán acceder en remoto y en tiempo real. Además, no tenerlo o falsearlo implicarán multas más elevadas, de hasta 10.000 euros por cada trabajador afectado. Sin embargo, este «día histórico», en palabras de la titular de Trabajo, solo es una primera victoria de una guerra que realmente tendrá que resolverse en el Congreso de los Diputados.
Y ahí es donde, ya se sabe, la nueva norma para reducir la jornada laboral de 12,5 millones de españoles —los que tienen ahora horarios superiores a 37,5 horas a la semana— sí que cambiará, y previsiblemente de forma considerable. Con seguridad se incluirá un paquete de ayudas e incentivos para acompañar a las empresas en esta reducción de horas, pero incluso podría suceder que en la Cámara baja se pactara postergar su entrada en vigor más allá del 31 de diciembre de 2025. Precisamente, esta es una de las condiciones a la que Díaz se niega a ceder, ya que supondría incumplir el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar, pero que desde el ala socialista del Ejecutivo sí ven con buenos ojos para contentar a la patronal, que defiende que hay que respetar los convenios colectivos en vigor. La ministra de Trabajo recalcó que «a pesar de que el acuerdo es bipartito, tiene el marchamo del diálogo social», en referencia a las críticas que este martes manifestaron desde la patronal, que advirtió que retransmitirán a los partidos políticos su rechazo frontal a esta medida y presionarán para frenarla.