El Gobierno obligará a las grandes empresas a informar sobre su huella de carbono

España sigue firme en sus políticas de lucha contra el cambio climático. Este martes el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros un real decreto por el que se obligará a las empresas de más de 500 empleados y a las administraciones públicas a crear un registro de su huella de carbono. Estas empresas y organismos tendrán la obligación de calcular su huella de carbono y elaborar planes de reducción de gases de emisiones de CO2, según explico la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la rueda de prensa posterior a la reunión en La Moncloa. Esta normativa obligará a calcular anualmente la huella de carbono y establecer un plan de reducción de emisiones a cinco años con medidas «concretas» para conseguirlo. Las administraciones públicas deberán registrar sus datos en un documento público, mientras que para las empresas este trámite es voluntario. El real decreto incorpora no solo a las grandes empresas, sino también a la administración. Así, los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, así como las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social, y otras entidades del sector público administrativo estatal deberán calcular de manera anual la huella de carbono de su organización según los requisitos establecidos en esta normativa. "Tenemos por delante un plan ambicioso y alineado con la neutralidad climática", indicó la ministra Aagesen.