Cuerpo niega un conflicto con Bruselas por la irrupción del Gobierno en la opa de BBVA

Las reticencias de Bruselas a la maniobra del Gobierno para intervenir en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell —elevando al Consejo de Ministros la decisión de imponer nuevas condiciones en base al interés general— ha generado cierta preocupación y extrañeza en el Ministerio de Economía, que ayer se vio obligado a defender su capacidad legal para actuar. «Espero que no haya ningún tipo de conflicto», indicó el ministro Carlos Cuerpo, después de que la Comisión Europea trasladase su malestar por la iniciativa, cuando las autoridades competentes —entre ellas, CNMC y Banco Central Europeo (BCE)— ya han emitido su dictamen positivo respecto a la opa. «En consecuencia, no tenemos conocimiento de ninguna razón que justifique el rechazo o el bloqueo de la operación y esperamos que el Gobierno español se ajuste a las decisiones de las autoridades competentes», insisten fuentes de la Comisión a este medio. Frente a estas declaraciones, Cuerpo explicó ayer que, en lo que respecta al marco legal, «estamos siendo muy respetuosos con los procedimientos y respetando todos los plazos». «Nuestra normativa doméstica está alineada con los objetivos de la europea», insistió, recordando que hay que diferenciar entre el ámbito regulatorio, «donde estamos siendo muy escrupulosos y garantistas» y el fondo de la discusión en Bruselas, «sobre cómo tenemos que avanzar hacia la consolidación del sistema bancario para competir, al tiempo que se protege el crédito a pymes, el empleo y la presencia territorial de las entidades». Pese a ello, las dudas en torno al concepto de «interés general» sobre el que se basarán esos requisitos ‘extra’ han sido constantes desde que se conocieron las intenciones del Gobierno. En este sentido, Cuerpo indicó que «en operaciones del sistema financiero, este concepto tiene unas dimensiones muy claras», en referencia a factores como la inclusión financiera o el empleo. Precisamente, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, detalló ayer las condiciones que su formación reclama en este proceso. Entre ellas, la prohibición de despidos, que estima que afectaría a unos 4.000 trabajadores, así como el cierre de sucursales «que perjudicaría especialmente a zonas rurales».