El ingreso mínimo sigue sin llegar a más de la mitad de los hogares

La medida estrella contra la pobreza del primer Gobierno de coalición nació con urgencia, grandes cifras y una promesa: llegar a casi un millón de hogares. Pero cinco años después, el ingreso mínimo vital (IMV) no solo no ha cumplido su objetivo, sino que sigue dejando fuera a más de la mitad de las personas en situación de pobreza severa. El IMV llegó con media España aún confinada por la covid-19 y fricciones dentro del propio Ejecutivo por su aprobación. El 29 de mayo de 2020, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y por aquel entonces portavoz del Gobierno, comparecía ante los medios junto a José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Anunciaban la aprobación de un real decreto-ley que ponía en marcha una prestación no contributiva de la Seguridad Social, destinada a garantizar ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. La previsión inicial del Gobierno era llegar a 850.000 hogares y a 2,3 millones de personas en situación de pobreza severa. La realidad quedó lejos de esas cifras. Según los últimos datos disponibles, publicados por el Ministerio de Inclusión a principios de abril, el IMV alcanza a 2,1 millones de personas mediante 719.543 prestaciones. Aunque la cifra representa un aumento del 21,97% respecto a abril de 2024, la ratio de beneficiarios por prestación apenas ha variado: 3 en abril del año pasado y 3,05 en el mismo mes de este ejercicio. «Los problemas de cobertura siguen siendo muy elevados", advirtió la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en febrero de 2024. Coincide con esta conclusión el Consejo Económico y Social (CES) en un informe presentado recientemente. La falta de información accesible, la complejidad del lenguaje administrativo y el miedo a los reintegros por pagos indebidos están detrás de su falta de despegue. Precisamente esta última cuestión —los cobros indebidos— ha llevado al Defensor del Pueblo a abrir una actuación ante la Secretaría de Estado de Trabajo y la de Seguridad Social, con el objetivo de conocer el alcance del problema. Una red incompleta Aunque figuraba en el programa económico del PSOE, la hoja de ruta marcaba un despliegue paulatino durante los cuatro años de legislatura, pero los de Pablo Iglesias lo querían ya. La pandemia dio la victoria a los 'morados' y aceleró su aprobación: casi 900.000 personas perdieron su empleo con la instauración del estado de alarma. «He tenido que meter mucha prisa pero hay mucha gente que no podía esperar", escribió Iglesias en su cuenta de Twitter tras el acuerdo. En mayo de 2020 la tasa de pobreza severa en España —hogares con ingresos inferiores a 644 euros al mes— alcanzaba el 12,4%, frente al 6,9% de media en la UE. Cinco años después, la tasa ha descendido cuatro puntos, pero aún supera el promedio europeo. Concebida como «una red contra la pobreza» —así la definió en su día María Jesús Montero-, el requisito principal es el nivel de renta (ingresos inferiores a 658,81 euros mensuales, que suman un 30% extra por miembro adicional). También se exige una edad mínima de 23 años y el límite máximo de edad para percibirla son los 65 años. En sus cinco años de vida, la cuantía ha ido sumando euros hasta alcanzar los 505 euros de media de este año. Aunque medio millón de hogares le añaden otro centenar de euros por el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), pero el 73% de estas familias elegibles no lo recibe, según el CES. En los últimos años, el IMV ha sido objeto de reformas destinadas a facilitar el acceso y ampliar la cobertura. Desde noviembre de 2024 se ha implantado un mecanismo de transición para que las personas que agoten el subsidio por desempleo, sin haber encontrado empleo, puedan acceder directamente a esta prestación.

Las personas que agoten el subsidio por desempleo sin haber encontrado trabajo pueden acceder a esta prestación de manera directa