Yolanda Díaz se desquita con el registro horario

El Ministerio de Trabajo quiere acelerar los plazos para que el registro de jornada sea una realidad lo antes posible. El Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la vía de urgencia para este medida, según confirmó ayer la vicepresidenta segunda y ministra Yolanda Díaz, en un acto en Ferrol. No obstante, tras su paso por el cónclave ministerial, la propuesta tendrá que enfrentarse a otros trámites que, según fuentes ministeriales llevará en torno a cuatro o cinco meses, lo que aleja la posibilidad de que la medida pueda implementarse antes de 2026.

Díaz defendió la reducción de jornada como el «motor de arranque de la historia» del derecho laboral y cargó contra el presidente de la CEOE. «No hemos permitido que personas como el señor Garamendi, que cobran salarialmente 25 veces más que el salario mínimo, nos den lecciones de reducción de jornada laboral. El señor Garamendi con machismo rampante no sabe lo que es trabajar 40 horas a la semana», acusó Díaz.

Ayer acabó el plazo de consulta del real decreto con el que Trabajo contestó al varapalo que supuso el rechazo del Congreso a la norma con la que Trabajo pretendía reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales. Se trata de un endurecimiento de la normativa que regula el control horario, un complemento incluido en la ley para reforzar el cumplimiento de la jornada máxima que se pretendía reducir y que no precisa el aval de las Cortes.

Pero el refuerzo del registro horario, que aflorará el volumen de horas extra que se trabajan en España, amenaza con desbaratar los planes del Gobierno para tratar de atajar el problema de la vivienda. La patronal de la construcción teme que este endurecimiento impulsado por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz solo empeorará la limitación de España —cuyo techo de horas de más trabajadas está en 80 horas anuales frente a la media de 450 horas de la Unión Europea— y que, según sus cálculos, hundirá hasta un 27% el salario de los trabajadores en al menos unos 7.000 euros anuales. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) sostiene que esta pérdida de ingresos restaría atractivo al sector, reduciendo la posibilidad de incorporar masivamente mano de obra en un momento en el que faltan 700.000 trabajadores, según sus estimaciones.