La imputación de Sidenor prueba el respaldo político en la operación Talgo

Es complicado encontrar una operación industrial que haya concitado mayor respaldo político y apoyo con dinero público e institucional que la del aterrizaje de José Antonio Jainaga en Talgo. Gobierno vasco, Diputación de Álava, las fundaciones BBK y Vital, Kutxabank y la Corporación Mondragón han participado en respaldar de un modo u otro una apuesta que salva una enseña industrial en Euskadi, a sus casi mil empleados en Álava, y a una larga lista de proveedores que suman 5.000 trabajadores. Así que la investigación de la Audiencia Nacional y la imputación al propio Jainaga y a otros dos directivos de la empresa complica indudablemente ese respaldo total y absoluto. El Gobierno vasco, reconoció su trayectoria este verano con el premio Joxe Mari Korta y el consejero de Industria vasco, Mikel Jauregi, afirmó el mes pasado, que «si Jainaga lideraba el proyecto, él estaba muy tranquilo». Lo que se ha dado en denominar ‘modelo Talgo’ se ha empleado como ejemplo para guiar las futuras inversiones en la industria para las que el Gobierno vasco ha puesto en marcha un ambicioso plan de inversiones para traccionar 4.000 millones. Fuentes judiciales señalan que el problema reside en la tramitación administrativa de las ventas de acero de Sidenor a una empresa armamentística del estado de Israel. La querella señala que esas operaciones se realizaron sin todas las autorizaciones administrativas previas para material de doble uso —civil y militar—.