Díaz negocia cómo compensar a las subcontratas por la subida del SMI

Hace una semana que, de forma sorpresiva, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, canceló una reunión convocada con los sindicatos y la patronal para cerrar el nuevo salario mínimo para este año. Cuando ya se daba por hecho que subiría un 3,1% con el apoyo de los sindicatos y el rechazo de la patronal, la ministra de Trabajo —horas después de anunciar que lo aprobaría «con carácter inmediato"— deslizó que suspendía el encuentro con el objetivo de «explorar» con el Ministerio de Hacienda la posibilidad de actualizar los contratos públicos para acompasarlos al incremento de esta renta mínima, una reivindicación histórica por parte de los empresarios y los sindicatos a la que María Jesús Montero siempre se ha negado. Los agentes sociales denuncian que la escalada del salario mínimo de más del 60% en los últimos años está llevando a muchas empresas con contratos tasados con la Administración Pública a sufrir fuertes pérdidas, puesto que no pueden repercutir este fuerte aumento de los costes laborales.

Durante estos siete días tres ministerios se han implicado a fondo en esta negociación: además del de Trabajo y Hacienda, también el de Economía, con el objetivo de encontrar una «fórmula» que permita compensar en las subcontratas el impacto de elevar a 1.221 euros al mes el salario mínimo, según confirmaron a este periódico fuentes de la mesa del diálogo social. Y, aunque no se ha cerrado un acuerdo, hay «ciertos avances» que permiten mantener cierta esperanza de que finalmente Montero dé luz verde a esta medida que busca atraer a la CEOEa un acuerdo que se le resiste desde 2020, en un momento además en el que sería muy bien acogido, por el clima de inestabilidad política y por el calendario electoral que hay por delante. Sin duda para Yolanda Díaz sería un soplo de aire después del batacazo que se dio en el Congreso con la reducción de la jornada laboral y en un escenario en el que sus relaciones con los empresarios están más tensas y dañadas que nunca.

Pero no le será nada fácil arrancar el sí a la patronal. En primer lugar, porque no se trataría de poner punto y final a la ley de desindexación —que se aprobó en 2015 para controlar el gasto público y que evita la actualización automática de precios en contratos y acuerdos financiados con fondos públicos-, tal y como exige la CEOE, sino que se trataría de una medida puntual para pagar una parte de ese incremento del salario que tendrán que asumir las empresas con contratos públicos. En segundo lugar, porque tampoco llegaría a todas las subcontratas, sino que los secretarios de Estado de Díaz, Montero y Cuerpo están trabajando en trasladar la subida del salario mínimo —y solo del salario mínimo, no del resto de salarios— a aquellas concesionarias que son intensivas en mano de obra, como pueden ser, por ejemplo, las del sector de la limpieza y jardinería. Incluso se está barajando limitarlo a aquellas que no tengan grandes beneficios, según avanzaron a este periódico fuentes cercanas a la negociación.

Y, en tercer lugar, porque la CEOE ve difícil aceptar un aumento del 3,1% que duplica su oferta del 1,5% (podrían estar cómodos hasta un alza del 2%, pero no más allá). Sin embargo, desde la patronal sí deslizan que, si finalmente Montero da el visto bueno a ciertas compensaciones, aunque sea en parte, a la subida del SMI, sin duda supondría un atractivo importante. Es más, en la organización ya se percibe cierta división en torno a qué hacer: dar su brazo a torcer y firmar, ya que si dicen no el Gobierno retiraría cualquier tipo de incentivo que acuerden y, de cualquier forma, el SMI va a subir un 3,1%; o mantenerse firmes puesto que hay sectores como el campo que ya han advertido que ellos no claudicarán. «La voluntad y dignidad empresarial no están en venta", remarca una parte de la patronal.