El millonario fraude de las horas extras

Cientos de miles de trabajadores siguen padeciendo a diario el fraude de las horas extras realizadas y no pagadas mientras el nuevo registro de jornada impulsado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para poner freno a estos abusos se retrasa por la división que existe dentro del propio Gobierno y por las dudas de su posible inconstitucionalidad. En concreto, cerca de medio millón de ocupados, un total de 441.000, realizaron el año pasado 2,5 millones de horas extras a la semana que no se les abonó, con la consiguiente pérdida económica que supone: se dejaron de ingresar más de 3.243 millones de euros, en concepto de salarios, cotizaciones e impuestos en la declaración de la renta, según recoge un informe publicado este lunes por el gabinete económico de CC OO con datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE.

"Se trata de una forma de explotación laboral persistente desde hace décadas y que no se ha logrado reducir de manera significativa en los últimos años, a pesar de la aprobación de normativa específica como el registro obligatorio de la jornada de trabajo", denuncia el sindicato.

Casi un millón de trabajadores (945.000) estiró a lo largo de 2025 su jornada laboral más allá de lo pactado, lo que supone un 5% del total de asalariados. Y prácticamente la mitad (el 47%) no recibió contraprestación alguna en forma de salario o descanso. Es decir, el 2,3% de la población asalariada trabajó semanalmente horas extras no pagadas. En total, se realizaron de media 6,38 millones de horas extras a la semana y el 39% de ellas no se cotizó, ni se pagó ni se compensó con descanso. Dicho de otro modo: cada semana de media se trabajaron 2,49 millones de horas que los empleadores no abonaron, "pero se beneficiaron y apropiaron de ese trabajo", recalca CC OO.

Equivalente a 160.000 empleos 

Así, el sindicato señala que si no se hubiera realizado este volumen de horas extras en 2025, se habrían tenido que crear 160.000 empleos a jornada completa para suplir ese trabajo, de los cuales 62.000 corresponderían a las horas extras no pagadas.

Es más, el precio por no abonar esas 2,49 millones de horas extras semanales se eleva a un total de 3.243 millones de euros, que sería el coste laboral que las empresas (o administraciones públicas, pues ahí también hay un elevado nicho de horas extras) dejaron de pagar a los trabajadores, en concepto de salario: a la Seguridad Social, por las cotizaciones sociales; y a la Agencia Tributaria, por los impuesto en IRPF.

Cada trabajador de esos más de 440.000 trabajó 5,6 horas extras de media a la semana sin ver su efecto en la nómina o en su descanso, lo que supuso a dejar de percibir de media 141 euros brutos a la semana (cotizaciones incluidas), o 7.355 euros al año.

CC OO denuncia el retraso que se está produciendo en la tramitación del decreto que modifica los criterios para el registro horario en las empresas, que -a su juicio- "se demuestra imprescindible para luchar contra este tipo de prácticas que tiene unos costes para las personas trabajadoras inasumibles y que requieren de mecanismos eficaces para acabar con esta práctica abusiva e ilegal de miles de empresas en nuestro país".

Largas jornadas en educación Los sectores que concentraron un mayor volumen de horas extras no pagadas son la educación (440.000 horas extra no pagadas a la semana); el transporte y almacenamiento (270.000 horas extras impagadas); la industria (255.000); el comercio (217.000); las actividades profesionales, científicas y técnicas: (212.000), y la Administración Pública (197.000).

Por su parte, Madrid (582.000 horas extras no pagadas), Cataluña ( 495.000), Comunidad Valenciana (290.000), Andalucía (244.000), País Vasco (139.000) y Galicia (122.000) fueron las comunidades autónomas que más tiraron de las horas extras sin remunerar.