España, Alemania, Italia, Austria y Portugal piden a la Comisión Europea un impuesto a los beneficios de las energéticas

Los ministros de Economía de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal han pedido a la Comisión Europea la creación de un nuevo impuesto coordinado sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para reducir el impacto del conflicto en Irán.

En una misiva enviada al Comisario de Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, los responsables de Economía de estos países, entre los que se encuentra Carlos Cuerpo, reclaman que se estudie "la posibilidad de crear un instrumento de solidaridad temporal que permita a las empresas energéticas aportar una parte de los beneficios extraordinarios obtenidos a raíz de la guerra y aliviar la carga que soportan los consumidores y los contribuyentes".

Los ministros argumentan que las empresas que se están beneficiando de las consecuencias del conflicto deben "poner de su parte" para aliviar la carga económica que soporta la población, de manera que el coste de la crisis energética no recaiga únicamente en los consumidores y se pueda "frenar la inflación sin sobrecargar los presupuestos públicos".

"Una solución europea de este tipo actuaría como una señal para los ciudadanos de nuestros Estados miembros y para la economía en general, demostrando que estamos unidos y somos capaces de tomar medidas. También enviaría el mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben poner de su parte para aliviar la carga sobre el público general", subraya el texto, que, como novedad, propone a la Comisión que estudie si puede incluir en este nuevo gravamen la posibilidad de tasar los beneficios obtenidos en el extranjero por las multinacionales petroleras.

Así, solicitan que la Comisión Europea desarrolle de forma rápida una iniciativa parecida en sus términos a la adoptada hace cuatro años, coincidiendo con la guerra de Ucrania. "Un instrumento similar ya se introdujo en 2022 mediante una contribución solidaria temporal establecida por el Reglamento (UE) 2022/1854, de 6 de octubre de 2022, relativo a una intervención de emergencia para abordar los altos precios de la energía", detalla la carta.

"Trabajar juntos"

 Además, desde un punto de vista político, los ministros apuntan que una tasa a las energéticas mandaría un mensaje claro de que la Unión Europea está unida y es capaz de tomar medidas conjuntas ante el shock de precios. "Trabajar juntos y buscar una solución europea es el enfoque adecuado", señalan en la misiva Cuerpo, el alemán Lars Klingbeil, el italiano Giancarlo Giorgetti, el portugués Joaquim Miranda Sarmento y el austriaco Markus Marterbauer. En una muestra de que la reclamación pretende ser transversal, entre los firmantes se encuentran representantes de gobiernos de centro izquierda (España), de coalición entre la derecha y la izquierda (Austria), de centro derecha (Portugal y Alemania) y de derecha radical (Italia).

Las medidas que reclaman ahora los ministros ya estuvieron sobre la mesa en el último Eurogrupo, cuando los ministros de Alemania y Austria fueron los primeros en plantear abiertamente la posibilidad de gravar los "beneficios caídos del cielo" para financiar ayudas públicas que mitigasen los efectos de la guerra de Irán en la cesta de la compra. "En la reunión del Eurogrupo del 27 de marzo de 2026, defendimos y apoyamos medidas para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas", recuerdan.

En España, el Congreso aprobó en diciembre de 2022 un Gravamen Temporal Energético sobre los beneficios de las energéticas para los resultados de los ejercicios 2022 y 2023, con pagos realizados en 2023 y 2024. Este impuesto, una tasa del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios anual derivada de la actividad en España, solo afectaba a las empresas con más de mil millones de facturación. Tanto en 2023 como en 2024, el Ministerio de Hacienda recaudó aproximadamente 3.000 millones (en total, 5.850 millones entre los dos años), pero la norma decayó en 2025 después de que Junts y el PNV se opusieran a una prórroga.

El impuesto que solicitan los cinco ministros de Economía a Bruselas se sumaría, en el caso de España, a las iniciativas ya aprobadas el 26 de marzo, cuando el Congreso validó el decreto anticrisis del Gobierno. Ese decreto establecía, por ejemplo, la reducción del IVA del 21 al 10% para aquellos contratos cuya potencia contratada no supere los 10 kW, así como para los titulares del bono social; en el caso de los carburantes (diésel y gasolina); la rebaja también del IVA a los carburantes del 21 al 10%; la reducción al 10% en el mismo impuesto para el gas natural, los pellets y la leña; la ayuda extraordinaria y temporal de 20 céntimos de euro por litro de combustible para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores; la rebaja del impuesto especial de hidrocarburos; la limitación temporal del precio máximo de venta al público del butano y del propano; reforzar el bono social; deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares; y la prohibición de despedir en las empresas que se beneficien de alguna ayuda.