Un año después: autopsia de un apagón histórico
España continúa con medidas excepcionales para evitar que se produzca otro cero
La vicepresidenta tercera y ministra de Energía, Sara Aegesen.
Una reunión interrumpida, un tren detenido en medio de la Meseta, un pago que no llega a completarse o una pantalla que se apaga sin aviso un lunes cualquiera que empezó como cualquier otro. Pocos eventos extraordinarios se recordarán con la precisión de qué estaba haciendo usted a las 12.33 horas, 16 segundos y 442 milisegundos del 28 de abril de 2025. Ese fue el instante en el que se produjo el primer, y hasta ahora único, ‘cero eléctrico’ de la historia de España, que sumió a más de 53 millones de personas en un presente sin electricidad. Un apagón total y sin precedentes que afectó al conjunto de la Península Ibérica y en momentos puntuales a Andorra y pequeñas extensiones de Francia.
Los transistores a pila funcionaron a pleno rendimiento para tratar de entender un inesperado paisaje de atascos kilométricos, peatones deambulando ante la falta de transporte público, rescates en metros y ascensores, establecimientos que solo podían cobrar en efectivo y familiares desesperados por comunicarse. ¿Qué sucedió? El 28 de abril de 2025 comenzó con una altísima producción de energía renovable y una baja demanda, lo que llevó a España a exportar mucha energía a Francia. Es decir, las «tuberías» eléctricas —la tensión— iban muy cargadas. Las primeras señales significativas de inestabilidad empezaron a producirse dos horas antes del colapso, según las conversaciones telefónicas que han trascendido entre los técnicos de Red Eléctrica y los operadores de las distribuidoras y en las que se advierte de subidas y bajadas de la tensión que desde el gestor achacan, como en conversaciones de meses anteriores, a la entrada y salida de la fotovoltaica.
A las 12.32 horas la tensión del sistema empezó a subir de forma extremadamente rápida y descontrolada y, al detectar este exceso de voltaje peligroso, los sistemas de protección de varias plantas de energía renovable —empezando por las provincias de Granada y Badajoz— se activaron y se desconectaron automáticamente de la red por seguridad. La pérdida repentina de tanta generación eléctrica desequilibró el sistema por completo. Cuantas más plantas se desconectaban, más subía la tensión en la red, provocando una «reacción en cadena» en cuestión de escasos segundos. ¿El resultado? La desaparición súbita de 15 gigavatios (GW) de potencia eléctrica, el 60% de la demanda en ese momento, en apenas cinco segundos. Como si fuera un diferencial gigante de una casa que salta para evitar un incendio, las grandes conexiones con Francia y Marruecos se cortaron por autodefensa, dejando a España y Portugal aisladas del resto de Europa.
¿Qué falló? El apagón fue el resultado de un «origen multifactorial» que desencadenó una «reacción en cadena» de sobretensiones incontrolables. Es decir, una tormenta perfecta donde se juntaron varios errores. Los tres informes oficiales —el del Comité del Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Panel de expertos europeos— coinciden en que no hubo un fallo único y descartan por completo que se tratara de un ciberataque.
Todos los informes ponen el foco en que para evitar que vuelva a suceder, el sistema necesita una modernización profunda. Esto incluye obligar a las plantas renovables a regular la tensión de forma dinámica, instalar nuevos equipos estabilizadores en la red (compensadores síncronos, STATCOM, PSS), y adaptar los planes automáticos de defensa para que sepan reaccionar ante subidas letales de voltaje. ¿Hasta cuándo se puede reclamar? La CEOE cifró en 1.600 millones el agujero económico que dejó el apagón en daños. Sobre el papel, los perjudicados —compañías de seguros, refinerías, empresas electrointensivas y los grandes consumidores de energía, principalmente— tienen un plazo límite de un año para presentar las demandas de un año, es decir, hasta este lunes 27 de abril. Pero en este caso la responsabilidad que no se señala en los informes es importante, ya que la mayoría de afectados no tiene ninguna vinculación directa con REE sino con su empresa distribuidora —responsabilidad contractual-, en cuyo caso el plazo se eleva a cinco años.