El robo de luz en España equivale ya al consumo anual de todo Barcelona y Sevilla
Una plantación de marihuana cuyos propietarios habían pinchado la luz para conseguir energía.
La electricidad robada en los últimos cinco años equivale al consumo anual de más de un millón de hogares, una magnitud comparable a la demanda conjunta de Barcelona y Sevilla. Los datos de 2025 recopilados por Endesa reflejan la escala del problema: 72.700 fraudes desmantelados en un solo año, lo que supone cerca de 200 actuaciones diarias. Según la compañía, detrás de este auge no está la pobreza energética, sino el avance del crimen organizado. Las plantaciones de marihuana en interiores concentran ya el 26% de toda la electricidad recuperada. Su impacto es desproporcionado: un solo cultivo puede consumir lo mismo que ochenta viviendas. La consecuencia directa es la sobrecarga de la red en zonas especialmente tensionadas de Cataluña y Andalucía. En algunos barrios, la potencia real llega a quintuplicar la contratada legalmente. Más de la mitad de la energía defraudada se concentra en naves industriales, grandes negocios y plantaciones de cannabis, según la eléctrica. A ello se suma cerca de un 40% vinculado a suministros legales manipulados, mientras que apenas un 5% de los expedientes corresponde a pequeños suministros domésticos. En 2025 se desmantelaron unas 1.850 instalaciones de interior, cada una de las cuales consume lo mismo que ochenta viviendas, para el cultivo de cannabis, lo que implicó recuperar 182,7 millones de KWh de energía, según datos de Endesa, que lo califica de «problema creciente» y avisa de que también se contabilizaron ese año 58 casos de agresiones cuando sus empleados realizaban trabajos para desmantelar fraudes. Por otra parte, las denuncias anónimas ciudadanas derivaron en 22.000 inspecciones, que permitieron actuar en alrededor de 6.000 suministros con pérdida de energía. Hasta ahora el marco legal español había sido calificado de insuficiente por la Fiscalía General del Estado, especialmente en comparación con países como Alemania o Italia, donde estas prácticas conllevan penas de prisión. Según el Ministerio Público, esa menor severidad actuaba como incentivo para redes internacionales. Endesa apunta a «un marco penal comparativamente más laxo» en España para combatir este delito, que habría tenido «un efecto disuasorio muy limitado», pero «valora el reciente endurecimiento de penas para el delito".