El Senado planta a los mutualistas e impide a los jubilados mejorar su pensión
La tramitación en el Senado restablece, a propuesta del PP, la exclusión de los pensionistas "salvo cuando se trate de una pensión de viudedad" y acota cómo se traducirán las aportaciones
Un jubilado, camina en la capital vizcaína.
Marcha atrás a incluir a los mutualistas jubilados en la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). El pleno del Senado vota este jueves la norma que permitirá a miles de profesionales como abogados, médicos, arquitectos o procuradores transferir sus derechos económicos al sistema público de la Seguridad Social. Y lo hará con cambios de calado respecto a la proposición de ley que salió del Congreso después de que el PP haya registrado en el Senado un paquete de enmiendas que da marcha atrás precisamente en ese punto. En junio la Cámara Baja amplió el número de mutualistas beneficiarios tras la aprobación de una enmienda del PP.
Hasta ese momento, el texto del PSOE limitaba el acceso a los profesionales en activo sin los quince años de cotización necesarios para causar una pensión pública, pero la enmienda de los populares incorporó también a quienes ya estaban jubilados y cobraban su renta de la mutualidad, un colectivo cuyas pensiones se movían entre los 300 y los 700 euros mensuales y que con el cambio podía acercarse a la pensión mínima de la Seguridad Social.
Mes y medio después, este grupo parlamentario se enmienda a sí mismo con un cambio de criterio y fija que, para solicitar la transferencia de los derechos acumulados, el interesado "no podrá tener la condición de pensionista a cargo de ningún régimen público ni de la respectiva mutualidad alternativa excepto si se trata de una pensión de viudedad". La redacción recupera, casi literalmente, el límite que el PSOE defendía y que el propio PP descartó. De salir adelante en el pleno, los mutualistas ya jubilados -salvo los perceptores de viudedad- volverán a quedar fuera de la posibilidad de mejorar su pensión a través de la pasarela al RETA.
Pero no es el único cambio. Otras dos enmiendas también acotan cómo se traducirán las aportaciones hechas a la mutualidad en meses cotizados al RETA. Los de Alberto Núñez Feijóo mantienen que, para calcular esos periodos, se aplicará "un coeficiente de mejora comprendido entre el 0,67 y el 0,87 a fin de tener en cuenta las contingencias excluidas" sobre la base mínima de cotización que le hubiera correspondido al profesional en el régimen de autónomos. Es decir, cada euro aportado a la mutualidad no se traduce automáticamente en un mes cotizado en la Seguridad Social, sino que se pondera a la baja.
Como excepción, los mutualistas que cumplan 52 años o más a 31 de diciembre de 2026 sí podrán computar cada mes cotizado a la mutualidad como un mes completo en el RETA a efectos del porcentaje aplicable a la base reguladora de su futura pensión, al igual que quienes iniciaron su actividad antes del 10 de noviembre de 1995, cuando la cotización a la mutualidad era obligatoria.
El paquete de enmiendas mantiene el plazo de tres meses desde la aprobación de la ley para que el Gobierno apruebe el reglamento que desarrolle los términos de la transferencia, y añade una matización relevante para las arcas de las mutualidades: "Los fondos se traspasarán a la Seguridad Social en el momento en que el profesional cause la prestación de jubilación, de fallecimiento o, en su caso, de incapacidad permanente", de modo que el dinero no saldría de las entidades hasta que se produzca la contingencia, aunque el derecho quede ya reconocido y sea "obligatorio e irreversible".
Medidas fiscales del Impuesto sobre Sociedades
Junto a los ajustes sobre la pasarela, el PP ha aprovechado el mismo vehículo legislativo para introducir otras cuatro enmiendas que no tienen nada que ver con las mutualidades y sí con la fiscalidad de la I+D+i. En concreto, proponen crear un organismo mixto entre los Ministerios de Ciencia y de Hacienda para emitir los informes vinculantes que blindan la deducción del Impuesto sobre Sociedades por investigación y desarrollo, así como una resolución interpretativa sobre la financiación de proyectos tecnológicos a través de Agrupaciones de Interés Económico. La justificación que aporta el propio grupo parlamentario reconoce que se trata de una "conexión razonable" y no de una vinculación "literal estricta" con el objeto de la ley, lo que podría abrir un debate sobre la homogeneidad de estas enmiendas antes de que el texto complete su trámite.
Al introducir modificaciones sobre el texto aprobado por el Congreso, la ley tendrá que volver tras el visto bueno del Senado otra vez a la Cámara Baja, que será quien decida si ratifica o rechaza los cambios antes de su entrada en vigor.