El Gobierno ultima el decreto para contener los alquileres y aumentar la vivienda
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda.
El Gobierno ultima el decreto ley que aprobará mañana para contener el precio de los alquileres y aumentar la oferta de vivienda asequible, con medidas como la prórroga de dos años de los contratos que venzan antes del 30 de junio de 2028, la regulación del alquiler de temporada y de habitación y beneficios fiscales a los caseros que bajen la renta. El Ejecutivo está apurando la negociación del texto con los grupos parlamentarios para intentar asegurarse que se pueda convalidar en el Congreso, pero de momento no cuenta con los votos imprescindibles de Podemos, que se niega a sentarse si éste incluye una reforma de la ley del suelo. Según el Ministerio de Vivienda, el decreto se estructura en dos bloques, el primero con un paquete de medidas para bajar el precio de los arrendamientos, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler. Este bloque incluye la regulación de los alquileres de temporada y de habitación, la prórroga extraordinaria de dos años, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler. La regulación del alquiler temporal es una reivindicación desde hace años de las organizaciones sociales y de inquilinos, que no ha prosperado hasta ahora en el Congreso por la oposición de los independentistas de Junts. El Ejecutivo quiere incorporarlos al ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), lo que obligará a justificar la causa de la temporalidad en los contratos y a tener una duración mínima y máxima, con el fin de que no se sigan usando fraudulentamente para eludir la normativa del alquiler habitual. En cuanto a la prórroga de dos años de los contratos, se trata de la ‘medida estrella’ de Sumar, que tras forzar al PSOE el pasado marzo a aprobarla, vio como el Congreso la derogaba un mes después, con los votos del PP, Vox, Junts y UPN y la abstención de los peneuvistas.
Según sus cálculos, de estas dos prórrogas podrán beneficiarse casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares.
El decreto también recoge un paquete de bonificaciones en el IRPF para los caseros que bajen el precio del alquiler. Las deducciones fiscales tanto para propietarios como para inquilinos con rentas inferiores a 33.000 euros y personas mayores que tienen que vender su vivienda habitual para hacer frente a los gastos de la residencia o centro de salud son algunas de las exigencias de Junts para apoyar el decreto cuando se vote el Congreso.