Hacienda cederá más IVA e IRPF a las comunidades pero mantiene el reparto por áreas

El Gobierno afronta la recta final de la reforma del Sistema de Financiación Autonómica con la vista puesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 4 de septiembre y el objetivo de aprobar el nuevo modelo antes de que termine el año para aplicarlo en 2027, ejercicio en el que el Ministerio de Hacienda estima que las comunidades recibirán 20.975 millones de euros adicionales respecto al modelo vigente. El borrador eleva del 50% al 55% la cesión del IRPF y del 50% al 56,5% la del IVA, con la posibilidad de que las comunidades soliciten un tramo adicional de este último hasta alcanzar el 90% para financiar competencias no homogéneas, como puede ser la policía autonómica. Fedea desaconseja la opción de financiar las competencias singulares mediante la cesión de tramos adicionales de IVA de hasta el 90%. El centro de estudios cuestiona la propuesta del Ejecutivo ante el «fuerte trasvase de recursos» desde la Administración Central que implica, advirtiendo de que podría dejar al Estado en una situación «precaria». Su autor, Ángel de la Fuente, critica que los mecanismos de nivelación favorecerían fundamentalmente a Cataluña y que entren, además, varios tributos ya autonómicos que hasta ahora se quedaban fuera del reparto solidario entre territorios, como los impuestos sobre patrimonio, depósitos bancarios, actividades del juego y gestión de residuos. En su lugar, el think tank propone rescatar la idea de un «IVA colegiado». Bajo esta fórmula, el tipo de gravamen de un tramo autonómico de IVA e Impuestos Especiales sería fijado de manera conjunta por todas las comunidades a través de un organismo de carácter multilateral. Esto dotaría a las autonomías de un potente instrumento colectivo de corresponsabilidad fiscal y las obligaría a asumir de manera conjunta el coste político de las subidas de impuestos necesarias para afrontar gastos crecientes, como el envejecimiento, sin generar desequilibrios horizontales entre regiones. Además, el aumento de los recursos tributarios contrasta con una decisión que considera mucho más relevante: dejar intacto el reparto entre las distintas áreas de gasto. La fórmula del borrador mantiene Sanidad con un peso del 38%, Educación del 20,5%, Servicios Sociales del 8,5% y Servicios Generales del 30%. Unas ponderaciones que, en su opinión, no reflejan cómo gastan realmente las comunidades.