Hacienda retrasa Verifactu a octubre de 2027 para hacerlo coincidir con la factura electrónica

Hacienda vuelve a retrasar la entrada en vigor del sistema de verificación de facturas (Verifactu) para hacerlo coincidir con la puesta en marcha de la factura electrónica obligatoria entre empresas y profesionales. El objetivo es hacer coincidir ambos sistemas en 2028 y evitar que las empresas tengan que afrontar en un periodo muy corto dos adaptaciones tecnológicas distintas. La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial que el Gobierno aprobó en marzo activa los plazos de la Ley Crea y Crece por la que las empresas con un volumen de operaciones superior a ocho millones de euros tendrán que cumplir la nueva obligación desde el 6 de octubre de 2027. El resto de compañías y profesionales tendrán 24 meses, hasta el 6 de octubre de 2028.

En paralelo, la Agencia Tributaria comunicó este lunes un nuevo aplazamiento de Verifactu -que estaba previsto para el 1 de enero-, que finalmente quedará alineado con el calendario de la factura electrónica y se trasladará a octubre de 2028. El Ejecutivo justifica el cambio por la necesidad de lograr una mayor convergencia entre ambos sistemas, tanto desde el punto de vista técnico como normativo. Además, el movimiento resuelve así una de las principales incertidumbres que afrontaban las empresas: cómo adaptar sus sistemas a dos reformas que, aunque tienen objetivos diferentes, afectan directamente a la forma en que generan y gestionan sus facturas.

Verifactu y factura electrónica no son lo mismo. El primero establece requisitos para los sistemas informáticos de facturación, con mecanismos destinados a garantizar la integridad y trazabilidad de los registros y a dificultar su manipulación. La factura electrónica obligatoria, en cambio, regula las operaciones entre empresas y profesionales y establece que las facturas deberán emitirse e intercambiarse en formato electrónico conforme a unas condiciones técnicas determinadas.

La decisión llega después de que la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) presentara en junio una propuesta de hoja de ruta para coordinar la implantación de la factura electrónica con la futura directiva europea ViDA. El documento, elaborado por su grupo de expertos en impuestos indirectos, fue trasladado tanto a los medios de comunicación como a los grupos políticos con representación parlamentaria. Posteriormente, el Senado debatió una propuesta de modificación en esta misma línea, antes de que la Agencia Tributaria optara finalmente por acompasar los calendarios. Según esta asociación, esta coordinación permitirá avanzar hacia el modelo europeo de información digital que será obligatorio a partir de 2030 y evitará que las empresas tengan que realizar sucesivas adaptaciones de sus sistemas de facturación en un periodo de tiempo reducido.

ATA (la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) también venía reclamando retrasar la entrada en vigor de Verifactu para hacerla coincidir con la de la factura electrónica y celebraron el aplazamiento. Es "lo más coherente y lo que menos agravio ocasionaría a los autónomos", explicó en redes sociales su presidente, Lorenzo Amor. Para la agrupación, que las tres normativas y obligaciones avanzasen en plazos descompensados "era un sinsentido operativo que iba a obligar al colectivo a realizar transiciones tecnológicas consecutivas en lugar de una única adaptación integral".

Este reajuste en las fechas se produce además con buena parte del tejido empresarial reconociendo que sigue sin tener claro el alcance de estos cambios. Más de la mitad de las empresas españolas desconoce las implicaciones de la factura electrónica, según la segunda edición del 'Observatorio TeamSystem: Radiografía y diagnóstico de pymes, autónomos y asesorías', elaborado por Ipsos para TeamSystem a partir de 1.200 entrevistas.

En concreto, un 24% de las compañías reconoce que ni siquiera sabe qué es la factura electrónica y otro 30% asegura haber oído hablar de ella, pero ignora los detalles. Solo un 10% afirma tener un conocimiento suficiente de la normativa. Además, tres de cada diez pymes admiten tener dudas sobre las exigencias regulatorias y los plazos de adaptación.

En qué consiste

La nueva regulación permitirá a las empresas utilizar plataformas privadas de facturación electrónica, siempre que cumplan los requisitos de interoperabilidad establecidos. Como alternativa, podrán recurrir a la solución pública y gratuita que desarrollará y gestionará la Agencia Tributaria. Esta plataforma permitirá emitir y recibir facturas electrónicas y funcionará además como repositorio de las facturas sometidas al nuevo sistema. Su diseño pretende facilitar especialmente el cumplimiento de las obligaciones a pymes y autónomos, que podrán utilizarla sin asumir el coste de una plataforma privada.

La principal novedad del modelo, sin embargo, no está únicamente en sustituir el papel o el PDF por un formato electrónico. El sistema permitirá realizar un seguimiento de la factura durante todo su ciclo de vida: desde la emisión hasta el pago. Los destinatarios deberán comunicar electrónicamente determinados estados de las facturas, incluido su rechazo cuando se produzca y el pago efectivo completo. Cuando la propia factura o su copia fiel incluya una fecha de pago anterior o coincidente con la fecha de expedición, la obligación de comunicar el estado de pago se entenderá cumplida.

Para las empresas que utilicen plataformas privadas, la obligación tampoco terminará en el intercambio de la factura entre emisor y receptor. Estas plataformas deberán remitir simultáneamente a la solución pública una copia electrónica fiel de cada factura, con la información y la sintaxis establecidas por la normativa. El objetivo es que la Administración disponga de una trazabilidad mucho mayor sobre las operaciones comerciales y, especialmente, sobre sus plazos de pago. La factura electrónica es una de las herramientas con las que el Gobierno pretende atacar el problema de la morosidad empresarial, que en España sigue situándose por encima del límite legal de 60 días.