Europa reformula sus presupuestos a causa del envejecimiento de la población
La política fiscal tendrá que destinar más gasto a pensiones y sanidad y menos a educación
Un grupo de jubildos esperan el autobús en León.
Europa se enfrenta a una paradoja: mientras en sus calles se manifiestan miles de jóvenes que reclaman mejores oportunidades, sus cuentas públicas tienen que reformularse para destinar cada vez más recursos a atender a una población que envejece a marchas forzadas.
La Generación Z se enfrenta a una emancipación cada vez más tardía, lastrada por las dificultades para acceder a una vivienda, los bajos salarios al comienzo de la carrera profesional, la precariedad laboral y una inflación que sigue presionando el coste de la vida y que provoca un aumento de trabajadores pobres. Pero a las dificultades del presente se suma un problema de fondo: los jóvenes son cada vez menos en un continente que envejece. Esta transformación demográfica hará que el reparto del gasto público entre generaciones adquiera una importancia creciente y obligará a revisar las prioridades de la política fiscal durante las próximas décadas.
En 2050, un tercio de la población mundial tendrá más de 60 años, un avance en la esperanza de vida que también plantea un importante desafío demográfico y económico. La jubilación de la generación del ‘baby boom’ y el descenso de la natalidad obligarán a los estados del bienestar a adaptarse a una nueva realidad: más recursos para las pensiones, la sanidad y los cuidados de larga duración, y una menor presión presupuestaria sobre otras partidas, como la educación. Las previsiones de la OCDE apuntan en esa dirección. En sus países miembros, el gasto en pensiones pasará del 8,8% equivalente del Producto Interior Bruto (PIB) en la actualidad al 10% en 2050. El incremento será aún más acusado en los cuidados de larga duración, cuyo coste casi se duplicará en 25 años: del 1,6% del PIB registrado en 2023 al 2,8% en 2050.
España tampoco escapa a esta tendencia. Entre 2030 y 2050, el país perderá 1,8 millones de personas en edad laboral —de entre 16 y 64 años-, mientras que la población mayor de 64 años aumentará en 4,8 millones. Este desequilibrio demográfico elevará la presión sobre las cuentas públicas, especialmente sobre las pensiones. La Airef prevé que su gasto pase del 12,9% del PIB en 2023 al 16,1% en 2050. Del mismo modo, aumentarán los recursos destinados a sanidad y cuidados de larga duración. Según las estimaciones de la Airef, el gasto sanitario crecerá 1,4 puntos de PIB entre 2023 y 2050, mientras que el destinado a cuidados de larga duración aumentará otros 0,7 puntos.
Una de las particularidades de España frente a otros países europeos está en cómo se está financiando el incremento del gasto en pensiones. Para Desiderio Romero, investigador sénior de Funcas, el país ha optado por recurrir a los ingresos para tratar de reducir el déficit. «Lo que hemos hecho para tratar de contener el crecimiento del gasto en pensiones, que es muy elevado cada año, en torno a 60.000 millones de euros, ha sido recurrir a la vía de los ingresos; es decir, aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social», explica dicho experto a este periódico. A su juicio, controlar ese incremento mediante una reforma eficaz exigiría un consenso político que actualmente no existe en España.
Caída de la natalidad
Mientras las pensiones y la sanidad absorben una proporción creciente de los Presupuestos Generales del Estado, la educación sigue una trayectoria opuesta. La caída de la natalidad y la creciente importancia de otras partidas públicas están detrás de esta evolución. En Europa, el gasto público destinado a educación alcanzó su máximo en 2020, con un 5% del PIB, antes de descender al 4,7% en 2023, según los últimos datos de Eurostat. La Comisión Europea atribuye esta evolución a la «competencia por parte de otras funciones públicas» desde la pandemia, que ha dejado a esta partida con «una proporción menor del gasto público total que en la década anterior».
La pérdida de peso de la educación también se refleja en las reivindicaciones de profesores y estudiantes. En Francia, las protestas comenzaron con una reclamación del sector educativo de mayor financiación para los centros, mientras que, en España, Madrid ha sido escenario en las últimas semanas de huelgas y manifestaciones en defensa de la educación pública. «En la mayoría de los países miembros de la OCDE y de los candidatos a la adhesión, el porcentaje que representa la educación en el gasto público general ha disminuido ligeramente desde 2019», advierte la organización. En España, los técnicos de la Airef prevén que el gasto educativo se reduzca en 0,8 puntos de PIB entre 2023 y 2050, en contraste con el aumento de las partidas vinculadas al envejecimiento. Para Desiderio Romero, la reducción del presupuesto educativo responde principalmente al descenso de la natalidad. No obstante, considera necesario mejorar la eficiencia del gasto para reducir el abandono escolar y elevar la productividad, estancada desde hace años en España.