El 'boom' de los centros de datos triplicará la factura de luz de las familias
Control remoto de ciclos combinados de Naturgy.
El incremento «desproporcionado» de los centros de datos en España amenaza con poner contra las cuerdas el recibo de la luz y desatar una crisis de precios en el mercado eléctrico nacional. Si el Gobierno no impone controles estrictos a estas infraestructuras de computación, la llegada masiva de nuevas instalaciones provocará un escenario crítico de cara al año 2030, cuando se prevé que se triplique el coste variable total de generación de electricidad, que aumenten un 107% las horas de funcionamiento de las centrales de ciclo combinado de gas y que crezcan un 65% las emisiones contaminantes de dióxido de carbono.
Estas demoledoras cifras figuran en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo del proyecto de real decreto con el que el Gobierno pretende ordenar la integración de estas infraestructuras en el sistema, un documento oficial al que ha tenido acceso este periódico y que se encuentra depositado en el Consejo de Estado. Se prevé que el órgano consultivo emita en las próximas horas su correspondiente dictamen como paso previo a que la norma llegue al Consejo de Ministros.
El informe técnico, elaborado conjuntamente por los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, ha cuantificado el impacto de un escenario desregulado en el que se conecten 10 gigavatios (GW) de potencia de computación frente al escenario base ordenado de 1 GW. «Unos costes que, de no incorporarse la regulación propuesta, se socializarían íntegramente entre todos los consumidores", subraya el texto.
El sector habla de «trampa legal» La letra pequeña del decreto que se conoció la semana pasada, ha desatado una guerra abierta entre el Gobierno y la patronal del sector. Mientras desde el Ejecutivo se defiende el nuevo texto argumentando que introduce elementos de flexibilidad en los calendarios de adaptación para dar cierto oxígeno al sector, las grandes empresas y operadores lo interpretan como una auténtica trampa legal, al considerar que cualquier prórroga temporal se concede únicamente si aceptan a cambio eventuales restricciones operativas o cortes en el suministro de energía.
La indignación empresarial llevó a la patronal Spain DC a solicitar formalmente comparecer ante el Consejo de Estado para defender sus alegaciones antes de que se emita su dictamen.