Trabajo propone una proteccion agraria ajena a la renta y al subsidio

El nuevo plan tendrá una vigencia de seis años y podrán acceder a él aquellos asalariados temporales agrarios que hayan cotizado un año al Régimen Especial y realizado 35 peonadas y, además, lleven inscritos en el censo de Andalucía o Extremadura 10 años. El requisito baja a cinco años para los mayores de 45, vuelve a subir a 10 años en el caso de los mayores de 52 y se eleva a 20 años para los trabajadores con más de 60 años. El sistema conllevará una retribución económica igual al 75% del salario mínimo interprofesional durante seis meses. El cobro de la prestación exigirá disponibilidad activa del parado agrario a encontrar un trabajo, recibir formación y buscar cualquier información beneficiosa para su inserción en el mercado laboral. En este sentido, las condiciones son las mismas que las que se aplican para recibir la renta activa de inserción. Ahora bien, la ocupación del desempleado en otro sector productivo o su inscripción en cursos y programas de formación no reducirá el periodo de la nueva prestación, a la que podrá incorporarse cuando regreso al paro agrario. Reacciones Las reacciones que el proyecto de Trabajo ha provocado entre sus interlocutores son diversas. Los presidentes de Andalucía y Extremadura, Manuel Chaves y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, mantienen la esperanza del acuerdo al igual que los responsables de ASAJA, organización vinculada a CEOE. Por su parte, el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), que suspendió los cortes de carretera y movilizaciones convocadas para este miércoles, reclama cambios sobre el plan oficial adelantado verbalmente por Zaplana. A su juicio, no conviene aplicar un nuevo sistema con fecha de caducidad. Sus representantes demandan que su vigencia sea indefinida. El SOC tampoco está de acuerdo con los requisitos del censo. Un portavoz explicó que hay que tener en cuenta a cientos de andaluces y extremeños que por diversas circunstancia han sido emigrantes durante un tiempo. En su opinión, es preciso eliminar barreras para que cuando vuelvan a su tierra tengan los mismos derechos que sus conciudadanos. Los dirigentes de CCOO y UGT mantienen cautela y la huelga del 20 de febrero para el campo andaluz y extremeño. Recuerdan que su demanda básica es la restitución del subsidio especial de desempleo (convertido en prestación a extinguir con la reforma de mayo del 2002) por un periodo transitorio, durante el cual se abriría una mesa de negociación para buscar la alternativa adecuada para todos los trabajadores del campo, no sólo de Andalucía y Extremadura. Cándido Méndez, declaró que su organización y CCOO son las únicas que tienen una posición muy clara.