Pendientes del banquillo por cesiones de créditos

A expensas del devenir de la instrucción abierta sobre el «premio» multimillonario cobrado por José María Amusategui al dejar el Santander Central Hispano, los problemas judiciales de Emilio Botín, presidente del banco, podrían verse incrementados en los próximos meses. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene pendiente de resolver los recursos de apelación interpuestos por los abogados del financiero contra su imputación y la de otros ex altos cargos del BSCH por la presunta comisión de 138 delitos fiscales y otro de falsedad documental. Según fuentes judiciales, el fallo podría conocerse durante la próxima primavera, momento en el que Botín sabría si tiene que sentarse por primera vez en el banquillo de los acusados de un tribunal. En este caso habría de responder, en contra del criterio de la Fiscalía, por las controvertidas cesiones de crédito del antiguo Santander, «un producto financiero por el que se captaron fondos fiscalmente opacos» entre 1988 y 1989. La juez Teresa Palacios, que parece haberse convertido en su bestia negra, cifra en 872,2 millones de euros el supuesto perjuicio causado a la Hacienda Pública. La versión defensiva de los dos ejecutivos mantiene algunas sombras ya apuntadas en la querella. Así, ambos reconocieron que no informaron nunca a la junta de accionistas del SCH de los pagos, si bien arguyeron que no era necesario hacerlo ya que bastaba con la aprobación del Consejo de Administración, órgano que los validó en cuatro ocasiones entre abril del 1997 y julio de 2002. Tampoco explicaron a fondo por qué se escribió a mano la cantidad de 43,75 millones en el documento, detalle que justificaron en la necesidad de «salvaguardar la intimidad de los afectados» ante una posible indiscreción de los empleados.