La liberalización del tren desata la guerra entre Gobierno y autonomías

Todo con una voluntad de que el ferrocarril deje de ser el hermano pobre del transporte y acabe generando importantes beneficios a medio y largo plazo: las previsiones oficiales son de 600 millones de euros de ganancias hacia el año 2025. Y el reparto de la tarta que ha planteado el Ministerio de Fomento hace prever un conflicto entre la Administración central y las comunidades autónomas. En la Ley del Sector Ferroviario, cuyo anteproyecto recibió a principios de año el dictamen positivo del Consejo Económico y Social (CES), se encarga a un nuevo organismo, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la explotación de las vías férreas, que seguirán siendo públicas. El ADIF repartirá el juego entre los nuevos operadores como hace AENA con las aerolíneas: les dará paso a cambio del pago de un canon. Las comunidades con mayoría socialista y nacionalista quieren entrar en ese negocio, en los trayectos que circulen sólo por sus territorios. Estos gobiernos creen que deberían tener poder de decisión, junto con el ADIF, a la hora de negociar las condiciones de explotación de unas vías que están financiando en parte desde el año 1985. El Estado se reserva las competencias sobre los itinerarios que pasan por varias autonomías, los internacionales y los necesarios para la defensa. El punto de conflicto está en que el anteproyecto de ley incluye en ese saco del interés general las líneas de conexión y acceso a los principales núcleos de población y las «esenciales para la economía nacional». Fomento decidirá qué vías entran en ese concepto. Luis Burgos, el representante de la CIG en el CES, que fue el único miembro de ese organismo en votar en contra del anteproyecto del Gobierno, critica que Fomento se reserve el poder de clausurar líneas muy deficitarias o que no hayan sido usadas en tres meses, aunque puedan ser de vital importancia dentro de su comunidad. Desde hace años las autonomías aportan fondos para salvar esos tramos poco rentables, que en algunos casos deben sólo funcionan a buen rendimiento durante una temporada y que tienen estar paradas el resto del año. Además, el representante de la CIG cree que el Gobierno invade las competencias urbanísticas de autonomías y municipios al reservarse la decisión sobre qué zonas alrededor de vías y estaciones serán de titularidad pública. El anteproyecto que ha redactado el Gobierno simplemente adapta el marco legal español a las directivas europeas del llamado segundo paquete ferroviario, que plantea la liberalización del ferrocarril, primero del transporte de carga y luego del de viajeros. Con la aprobación de las nuevas directivas en el 2001, la Comisión Europea expresó su voluntad de acelerar la reforma y modernización del tren en todo el continente, debido a los escasos resultado obtenidos por las primeras medidas aprobadas en 1995. Así, el segundo paquete ferroviario adelanta la apertura de toda la red de mercancías, formada por 250.000 kilómetros de vías, en marzo del 2006, en lugar de la fecha inicialmente prevista de comienzos del 2008. Antes de esa liberalización, en los próximos dos años, debería comenzar a funcionar la Agencia Ferroviaria Europea.