Críticas a la falta de independencia del nuevo regulador ferroviario

Tanto el principal órgano consultivo del Gobierno como los empresarios, los sindicatos y los propios usuarios respaldan en líneas generales la liberalización del transporte por carretera, en la que el Ministerio de Fomento ha debido seguir las pautas marcadas por la Unión Europea. Sin embargo, censuran la actuación del departamento que dirige Francisco Álvarez-Cascos en varios puntos destacados del proyecto, pero sobre todo lo critican por no haber tenido «una elaboración más cuidada y sosegada..., carencias que no se compadecen con un correcto actuar administrativo». Una de sus principales discrepancias con el texto gubernamental es el diseño que se ha dado al denominado Comité de Regulación Ferroviaria. Se trata de un organismo de carácter público similar al creado por otros países comunitarios, donde es independiente en sus actividades de la Administración si bien actúa como consultor de ésta. Sin embargo, en el caso español no existe tal desvinculación, lo cual «no se compadece» con las previsiones de la Comisión Europea. Ni el Consejo Económico y Social (CES), que representa a los agentes sociales, ni el Consejo de Estado comprenden por qué el Ejecutivo se ha apartado esta vez de la experiencia proporcionada por otras entidades con cierta similitud como la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o la Comisión Nacional de Energía, que sí están fuera del control directo de la Administración sectorial. Más aún, la institución asesora que preside el ex ministro José Manuel Romay Beccaría manifiesta su «radical disconformidad» con que el Gobierno haya concebido el nuevo comité como «un mero órgano administrativo». Al reservarse Fomento la designación de su presidente y vocales, los órganos consultados por el Ejecutivo temen que al final resulte perjudicada la competencia en caso de conflicto entre la oferta privada y la empresa pública del sector (que ahora pasará a llamarse Renfe-Operadora, al quedarse sólo con las unidades de negocio y los trenes, mientras que sus infraestructuras pasarán a un nuevo ente público que también heredará la red de alta velocidad). Otros llegan más lejos en sus criticas, como UGT, que cree que el Ministerio pretende que el nuevo organismo regulador ferroviario «carezca de estructura» y se convierta en «una mera correa de transmisión» suya. Otra de las criticas del Consejo de Estado y los agentes sociales afecta al plano urbanístico, ya que ambos consideran que no existe «la necesaria coordinación» entre las administraciones públicas con competencias en la materia.