Los socialistas controlarán la mitad de los recursos autonómicos

La llegada al poder de los socialistas en la Comunidad de Madrid y la reconquista que el PP ha realizado de las Islas Baleares serán los dos focos que marquen los cambios más significativos de política económica autonómica tras las elecciones del 25-M. Los presupuestos autonómicos se elevan este año, con la transferencia de impuestos que instauró el nuevo modelo de financiación autonómica, a casi 112.000 millones de euros, de los que algo más de 50.000 millones están en manos de las seis comunidades gobernadas por los socialistas. El montante aumenta, dado que la pérdida que supone la gestión de unos 1.800 millones de euros en Baleares se compensa largamente con los 14.500 millones que se estiman para Madrid, que es la autonomía con mayor dotación tras los 16.300 millones de euros de Cataluña. Aunque fuentes parlamentarias señalaban esta semana que será inevitable que el efecto capitalidad y la centralización empresarial que tiene la comunidad madrileña provoque un amplio eco en el resto de los lugares donde gobiernan. No obstante, la ley de las grandes ciudades que el Gobierno central pondrá en marcha y el nuevo poder que otorga a los ayuntamientos, le obligará a llevar a cabo una amplia política de pactos con Alberto Ruiz-Gallardón, sobre todo en lo que respecta a vivienda, transportes, seguridad ciudadana o empleo. Comercio y tasas Dicen las informaciones de campaña electoral que el padre de Simancas tuvo que cerrar la pequeña tienda de barrio que regentaba en Leganés por el impacto económico que supuso la implantación de los grandes centros comerciales en la zona y, aunque no se pueda colegir de ello una incidencia directa, será algo a tener en cuenta a la hora de aplicar el control que el nuevo dirigente socialista pretende establecer sobre la expansión de las grandes superficies. De entrada, su planteamiento pasa por frenar la liberalización de los horarios comerciales en la Comunidad madrileña, la más abierta de España en ese aspecto y espejo de otros ejecutivos autonómicos. La última decisión del ejecutivo de Ruiz-Gallardón fue la de abrir 21 festivos al año, frente a los 11 establecidos a nivel nacional, pero la idea de una libertad total de horarios que preconizaba el PP madrileño está ahora más lejos que nunca. Antes de tomar las riendas de la Comunidad, el futuro nuevo presidente ya ha anunciado su intención de eliminar las tasa autonómica que pesa sobre el precio de los carburantes en Madrid, destinada a financiar la sanidad. Ninguna otra autonomía se había atrevido a aplicar el 'céntimo sanitario' --0,02 euros-- que supone ese impuesto, aunque todas ellas reciben para su sistema sanitario la misma proporción que se paga a nivel estatal. Es más, en contra de la tesis de Simancas, desde el propio Ministerio de Hacienda, creador de la tasa, se muestran muy seguros de que la mayoría de las autonomías optará por ello una vez pasado el 25.M. Simancas ha dicho que no impondrá un nuevo recargo y que suprimirá el existente, porque no se siente capaz de explicar que haya que pagar más en las estaciones de servicio para que se aligeren las listas de espera en los hospitales. Como suele ocurrir en todo este tipo de cambios de poder, la política de infraestructuras se paraliza hasta que lleguen les nuevas directrices a poner en marcha. En el caso madrileño, el mayor cambio con el que se pueden encontrar los subcontratistas pendientes de este tipo de negocios es que parte de lo que antes era mucho dinero destinado al Madrid olímpico del 2012, puede pasar ahora a destinarse a la creación de 50.000 viviendas protegidas para vender a precios asequibles y otras 25.000 para poner en alquiler. Nuevo turismo El otro gran aspecto económico a tener en cuenta con el cambio autonómico de poder será el turismo, algo en lo que los datos son francamente malos para Baleares, pero que tampoco se presentan del todo optimistas en el caso de Madrid. La entrada de turistas extranjeros en la capital de España cayó un 10% en los cuatro primeros meses del año, mientras que la potencia turística balear se ha visto muy perjudicada por el recorte en la llegada de visitantes alemanes, que siempre han sido la base de su negocio. Lo primero que el ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, piensa hacer en las islas es eliminar el impuesto sobre las pernoctaciones que impuso su antecesor socialista al frente de la Comunidad Balear, aunque reconozca que para ello tendrá que compensar de alguna manera los 60 millones de euros de gasto que se han comprometido a cuenta del cobro de la ecotasa. Pero para salvar el negocio, el nuevo ejecutivo isleño tendrá que redefinir una política general y adaptar más la oferta a los hábitos que plantea la demanda. Los hoteleros del sector admiten una caída de ingresos y resultados cercana al 10% el año pasado y que no serán menor en este ejercicio, con lo que la adecuación de calidad y precio será básica. Junto a ello, el control de los precios y el desarrollo de servicios complementarios y actividades de valor añadido a lo que ya hay, serán la clave para conseguir que Baleares siga siendo el 25% de todo el turismo español, frente a la pujanza de otras zonas, como la catalana. Lo que parece más claro, tanto en las autonomías que controla el PP como en las socialistas, es que el Impuesto de Sucesiones está llamado a desaparecer, aunque de forma progresiva. Desde el Ministerio de Hacienda se prepara ese proceso, a pesar de ser un tributo cedido a las autonomías, y no es probable que los gobiernos autonómicos del PSOE se queden sin renunciar a este tributo, cuando vean que sus siete comunidades competidoras del PP la hacen sin problemas.