La ampliación del número de años reducirá el dinero de las pensiones

El impacto de ampliar los años cotizados para calcular la cuantía de la pensión de jubilación, de los 15 actuales a 20, reduciría la prestación en un 5%. El recorte llegaría al 8,3% si la extensión fuera a 25 años; al 13,2% si el plazo se elevara a 30 años; y hasta el 28,5% si el periodo a tener en cuenta abarcara los últimos 40 años cotizados. Las consecuencias de estas reformas están recogidas en un estudio, titulado «Cincuenta años de vida laboral. Salario y cálculo de la pensión de jubilación», realizado por el abogado laboralista de CCOO y experto en Seguridad Social, Miguel Ángel Serrano. La obra se basa en los cientos de casos que han pasado por la Asesoría Jurídica del sindicato a partir de 1975. Su financiación ha corrido a cargo de la Fundación Sindical de Estudios, presidida por el ex número dos de la central Rodolfo Benito, quien resaltó la oportunidad del informe. Recordó que el mayor obstáculo para la renovación del Pacto de Toledo (acuerdo político suscrito en 1995, que sirvió de base a las posteriores reformas de las pensiones) radica precisamente en la ampliación del número de años contabilizados para establecer la cuantía de la prestación. En la actualidad el PSOE se encuentra a la espera de que el Gobierno entregue un documento con las repercusiones de la última extensión, que fue de ocho a los 15 años actuales. Serrano advirtió que en su estudio esas consecuencias no figuran. Se trata de una obra de futuro, que pretende abrir los ojos hacia peligros que acechan a la Seguridad Social, explicó. En datos absolutos, el informe refleja que la elevación a 35 años supondría una disminución de la pensión media de jubilación en el régimen general de 164,33 euros. Esta prestación en enero de 2003 se situaba en 771,51 euros. El efecto también se dejaría sentir bastante en las rentas de aquellos trabajadores que optaran por retirarse del mundo laboral anticipadamente, cuando todavía no habrían cumplido los 65 años. En la presentación de la obra participó el catedrático de Derecho del Trabajo, Joaquín Aparicio, quien hizo hincapié en la necesidad de defender la Seguridad Social, «sistema que garantiza el Estado de Bienestar», frente a los términos de «protección social» que cada vez utiliza con más frecuencia el Gobierno, palabras con significado «muy amplio y variado». Recalcó que la Seguridad Social otorga derechos subjetivos con independencia de la situación del titular que los recibe y de que éste sea pobre o rico; mientras que para acceder al «brazo asistencial» de la protección el interesado tiene que demostrar su pobreza. Benito insistió en que la vertiente asistencial de la protección está dirigida «exclusivamente a capas de la población muy marginales y residuales». «Los gobiernos sólo pretenden con estos mecanismos limar las aristas más sangrientas de los actuales sistemas económicos», dijo. Serrano advirtió que a medida que se alarguen los años contabilizados para la jubilación tendría que estudiarse cómo se cubren las lagunas de cotización que experimentaron los trabajadores con largas carreras profesionales por causas ajenas a su voluntad. Las correcciones adoptadas tendrían que estar en sintonía con la situación en la que se encuentran los países de la Unión Europea (UE).