El nuevo sistema de venta enfrenta a distribuidores y marcas de coches

El nuevo sistema de ventas de automóviles implantado en Europa hace un año ha provocado un fuerte enfrentamiento entre los distribuidores españoles -3.139 concesionarios y 5.194 agencias o servicios oficiales- y la docena de marcas instaladas en el país, hasta el punto de que los primeros han llegado a denunciar cancelaciones «masivas» de sus contratos al amparo de una nueva normativa que pretende, en teoría, fortalecer la independencia de los distintos operadores del mercado y mejorar la competencia. De momento, el primer efecto de ese controvertido reglamento comunitario es que, al menos, una quinta parte de los concesionarios -un negocio que da trabajo a cerca de 161.000 personas en España- podría verse obligado al cierre, si no convertirse en agentes comerciales con menor margen (6% de comisión frente al 8% de los primeros) y condiciones distintas. Y es que a menos de dos semanas (el próximo 1 de octubre) de que expire la prórroga dada por la Comisión Europea para que las cláusulas de los contratos entre las marcas de automóviles y los concesionarios se ajusten al Reglamento 1400/2002 de distribución de vehículos, más de una tercera parte de los profesionales de la distribución desconoce si renovarán sus contratos y, llegado el caso, en qué condiciones lo harán. La falta de información también alcanza a los llamados estándares de calidad y los planes de inversiones para cada distribuidor, que son los documentos donde se fijarán las nuevas condiciones de trabajo que se exigen tanto para la venta como para el servicio posventa. Lo único en que coinciden las marcas, según la valoración que hace la patronal de los fabricantes de vehículos (Anfac), y los concesionarios es que habrá «un reajuste determinante» en el sector, del que los segundos se consideran «los más perjudicados», tras haber sido «presionados» para «firmar contratos inaceptables, contrarios al espíritu y la letra del Reglamento». Sin embargo, fuentes del colectivo de productores de automóviles niegan que se haya producido intento alguno de 'chantaje', al tiempo que justifican la «incertidumbre» creada por el retraso en llegar a acuerdos en que se ha definir «toda una política comercial, con nuevos condicionantes y una perspectiva distinta del trato al consumidor».