Izar baraja un ajuste laboral en Gijón, Sestao, Fene y Puerto Real
La empresa pública de construcción naval, Izar, baraja un ajuste laboral, de duración en torno a unos siete meses, para unos 2.300 trabajadores de su plantilla que asciende a 11.000 trabajadores. Los excedentes afectarían a las factorías de Sestao (Bilbao), Fene (La Coruña), Gijón (Asturias) y Puerto Real (Cádiz). La cifra variará en función de los encargos que se puedan conseguir en las próximos semanas. Los sindicatos -CC.OO., UGT, ELA, CIG, USTG y CAT- han advertido que no entrarán a negociar ningún expediente hasta que la dirección de Izar impulse la actividad comercial y se retomen los contactos con posibles armadores. En consecuencia, empresa y representantes de los trabajadores se han dado de margen hasta el día 10 de junio para profundizar en el diagnóstico sobre la situación de cada astillero y para estudiar con detenimiento las probabilidades de carga de trabajo existentes. Algunos sindicatos mantienen que hasta después de las elecciones europeas del 13 de junio no se abordará el expediente. También han comenzado a surgir las primeras críticas al nuevo Gobierno. En las factorías andaluzas se señala que el pasado 14 de marzo la sociedad votó mayoritariamente PSOE para llevar a La Moncloa un Ejecutivo distinto, capaz de salvar a los astilleros públicos, a su plantilla, y a los empleos de las empresas auxiliares. Ajeno a la reconstrucción El contacto entre los responsables empresariales y los sindicatos tuvo lugar este martes en la sede de la compañía. Un portavoz de la empresa quitó importancia al acto e indicó que se trataba simplemente de la «ratificación interna del convenio», mientras que miembros de CC.OO. y UGT aseguraron que el objetivo de la reunión era «la firma» del acuerdo colectivo. El expediente de regulación que planea sobre Izar es ajeno a la reestructuración de la compañía que se avecina debido a la carencia de contratos y a la devolución de las ayudas oficiales, recibidas irregularmente, demandadas por Bruselas. Y no tiene nada que ver con el proyecto que estudia la comisión interministerial creada a mediados de mayo para «salvar» la construcción naval pública.