El Gobierno prioriza el gas frente al carbón para cumplir con Kioto

El Gobierno priorizará el uso de las centrales de ciclo combinado de gas frente a las más tradicionales de carbón, para cumplir con las exigencias que impone la Unión Europea derivadas del protocolo de Kioto. Así se desprende del plan nacional de asignación de emisiones contaminantes de dióxido de carbono (CO2) para el período 2005-2007, presentado ayer por España ante la Comisión Europea. El plan contempla la eficiencia energética como el criterio principal en el reparto de derechos. No obstante, «por criterios económicos», se mantendrá un peso considerable de las centrales más tradicionales. El informe oficial, elaborado por una comisión mixta de la que forman parte los Ministerios de Economía, Industria y Medio Ambiente, no cuantifica los costes derivados de la aplicación del plan. Desde el último de sus informes se estima en 90 millones de euros anuales la inversión que habrá de realizar la industria española para cubrir sus necesidades de emisión. Se prevé que un 7% de los derechos se adquieran en el mercado europeo a partir del 1 de enero de 2005, sin distinción entre países o sectores. La presentación del plan fuera del plazo inicial, retraso que el titular de Industria, José Montilla, achaco a que el Gobierno anterior no había «hecho los deberes», cumplió al final con la prórroga dada desde Bruselas, lo que evitó la apertura de un expediente. Sin embargo, esas prisas han impedido que se concreten ciertos puntos, sobre todo en materia de asignaciones y costes. El Gobierno prefirió optar por el modelo alemán, de forma que la asignación final de derechos se producirá después del 30 de septiembre, y serán las empresas las que soliciten las asignaciones que consideren oportunas. Menos toneladas El documento presentado este miércoles limita a 161,25 millones las toneladas de CO2 anuales asignadas a la industria española entre 2005 y 2007. De esta cifra, 86,4 toneladas corresponden al sector de la generación eléctrica, siete menos que la previsión existente en un principio para ese período y tres menos que la media de emisión recogida entre 2000 y 2002. Desde el Ministerio de Industria se justifica esa «clara» reducción en que la tarifa de este sector entra menos en competencia que en otros sectores, se van a hacer políticas de reducción de consumo y se va a apostar más por energías renovables. Lo que aún se mantiene sin definir es cual va a ser la distribución concreta de esos derechos (de cuántas toneladas dispondrá al final cada una de las empresas), aunque sí como se hará. El reparto será central por central (sólo en el caso de sectores pequeños, como cerámica y ladrillos/tejas, se darán a grupos de instalaciones), dado que el mercado eléctrico está parcialmente regulado. No obstante, fuentes gubernamentales lanzaron un mensaje de que las instalaciones de ciclo combinado (gas) «tendrán un mayor peso relativo», lo cual favorecería la tesis de Iberdrola frente a Endesa y Unión Fenosa.