Piden reformar la política regional ante el recorte de los fondos europeos

El Gobierno debe replantearse de forma «urgente» su política de inversiones regionales ante la «inminente» reducción de las ayudas estructurales europeas, según un estudio de la Fundación Alternativas, vinculada al PSOE. La entidad, presidida por el ex ministro Juan Manuel Eguiagaray, considera que la Administración central ha de ser «menos ambiciosa» en sus objetivos de redistribución. Por el contrario, cree que el Ejecutivo tiene que prestar más atención a la «eficiencia», tanto en la distribución territorial de los recursos que quedarán disponibles como en la elección de sus actuaciones en cada región. Pérdida de fondos Los socios comunitarios están negociando las nuevas perspectivas financieras para el periodo 2007-2013. España dejará de percibir buena parte de los 7.700 millones de euros por ejercicio que ha recibido en los últimos años, en concepto de fondos de cohesión y por las regiones más atrasadas (las incluidas en la lista de objetivo 1, aquellas con rentas por habitante más bajas). El documento calcula que los presupuestos de inversión del Gobierno y las autonomías perderán entre 2.500 y 5.000 millones de euros anuales por la entrada de los nuevos miembros de la UE menos desarrollados. El director del área económica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y autor del informe, Ángel de la Fuente, señala que el llamado «efecto estadístico» (la ampliación a Veinticinco ha reducido de forma notable el nivel medio europeo de renta per capita) provocará que nuestro país quede fuera de los fondos de cohesión. Además, da por seguro que Castilla y León, Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla dejarán de ser objetivo 1, y señala que también podrían salir Castilla-La Mancha y Galicia, con lo que sólo se mantendrían en este grupo Andalucía y Extremadura. El fin de las ayudas europeas supone, a juicio de la Fundación, un grave riesgo para el crecimiento de la economía española y para la cohesión territorial. De la Fuente cree que el Estado está obligado a suavizar el «shock adverso» que supondrá para muchas regiones, pero resalta que ello obligará al Gobierno a afrontar «decisiones difíciles», como subir los impuestos o recortar otras partidas de gasto.