El Tribunal de Cuentas critica las gestiones de las comunidades

Las cuentas de las comunidades autónomas componen un totum revolutum difícil de resolver, en el que las «deficiencias» y las actuaciones «inadecuadas» están a la orden del día. Así lo estima el Tribunal de Cuentas, que en uno de sus últimos informes pone múltiples peros a los balances presentados por las Administraciones territoriales, desde la existencia de subvenciones «no justificadas» o con información «incompleta», hasta la ampliación de créditos multimillonarios «sin la cobertura financiera suficiente». En el ejercicio de 2001, ninguna Administración dejó de rendir sus cuentas, pero sí parte de las entidades del sector público autonómico, en concreto el 15%. Asimismo, el 7% presentaron sus balances fuera de plazo, a lo que se une el hecho de que algunas comunidades no habían implantado aún el plan general de contabilidad pública y, entre las que sí lo hicieron, otras no siguieron los criterios fijados en él mismo. Las denuncias más graves se hacen en el capítulo de las subvenciones, pues el Tribunal afirma que se conceden «sin que existan bases reguladoras o siendo éstas incompletas», lo que «en determinados casos» impide conocer el importe de las mismas, su objeto y finalidad, o la identidad del beneficiario y las obligaciones que debe cumplir. Habla, asimismo, de ayudas «no justificadas o justificadas deficientemente», por ejemplo, «sin respetar los principios de publicidad y concurrencia», o usando convenios «singularizados» sin que se expliqué por qué se elige esta opción. Eludir el control También hay deficiencias en la contratación, donde el órgano fiscalizador detecta un «fraccionamiento indebido» de los acuerdos cuyas cuantías exceden del límite establecido para los contratos menores. Sobre los concursos, se critica que no se fijen bien los criterios de adjudicación y se valore poco el precio de las ofertas. Casi uno de cada diez créditos (el 9%) aprobados en los presupuestos autonómicos fueron modificados después; y de estos cambios, la cuarta parte (28%) fueron ampliaciones de los préstamos solicitados. El Tribunal observa que, «en un número importante de comunidades», se produce una «falta de cobertura financiera» para atender esos «mayores gastos». Apunta la existencia de expedientes «incompletos» con «ausencia de documentación exigida», como la memoria que ha de justificar la necesidad de esas variaciones crediticias. Por último, en los registros de inventario del inmovilizado material de las administraciones autonómicas no se incluyen todos los bienes, o bien no están «debidamente valorados», o incluso carecen de las amortizaciones correspondientes. Esto, unido a que los saldos de deudores y acreedores «no están debidamente depurados», lleva al órgano fiscalizador a instar a las comunidades a «realizar esfuerzos para lograr que las cifras representativas del resultado y del patrimonio estén en concordancia con la realidad económico-financiera» de cada una de ellas.