El Gobierno quiere que haya que cotizar?más?años?para?cobrar pensión Una medida «lógica»

Gobierno, patronales y sindicatos coinciden en la conveniencia de alargar el periodo mínimo de cotización, situado en 15 años, para cobrar una pensión contributiva (propia de los trabajadores). La opción que barajan supone un cambio muy moderado. Consiste en que esos 15 años sean efectivos, es decir, que en el cómputo para el acceso a la prestación no contabilicen las pagas extraordinarias. La realidad actual es que con 12 años y medio de cotización efectiva se origina derecho a la pensión. La propuesta surgió en la mesa de diálogo social que aborda la reforma de las pensiones públicas. La negociación comenzó en noviembre del 2005 y, según algunos interlocutores, camina demasiado despacio. El Gobierno se muestra optimista ante el desenlace de las conversaciones. UGT también ve factible el acuerdo; frente a CC.OO. y CEOE que aprecian numerosos obstáculos para el entendimiento. Cerca del 30% de las pensiones de la Seguridad Social, alrededor de 2,25 millones de prestaciones, necesita aportación adicional para percibir el importe mínimo establecido. Sus titulares han cotizado los 15 años exigidos para acceder a la pensión más pequeña del sistema, pero sus aportaciones resultan insuficientes. La ayuda que reciben se conoce como «complementos de mínimos» y su paso a costa del Estado es uno de los compromisos más caros de la legislatura, dado que los parlamentarios hablaron en su día de que el traslado esté cerrado en el 2009. 4.200 millones Los complementos rondan los 4.200 millones de euros, de los que alrededor de 1.000 ya han sido asumidos por los Presupuestos. El resto corre a cargo de las cotizaciones sociales. El total de pensiones que requiere aportación especial disminuye año tras año, pero tan lentamente que su reducción apenas supone un alivio para el sistema. La necesidad de descargar a las cotizaciones de esos más de 3.000 millones de euros quedó recogida en 1995, en el Pacto de Toledo (acuerdo parlamentario encargado de garantizar las pensiones públicas). Posteriormente, fue ratificada en dos ocasiones. Una en abril de 2001, con la reforma suscrita entre el Ejecutivo, CEOE y CC.OO. y, otra, en diciembre del 2003, cuando el Congreso de los Diputados renovó el Pacto de 1995. El exigir que los 15 años de cotización sean «efectivos» es una de las primeras propuestas del Gobierno. UGT solicita que junto a esta medida se suprima la exigencia de tener cotizados dos años en los 15 anteriores a la jubilación. Este sindicato es partidario igualmente de que el hecho causante de la prestación se produzca el último día en el que concurran todos los requisitos y no en el día de la presentación de la solicitud. Para CC.OO., la medida debatida es «lógica». No obstante, esta central aboga por una reforma global coherente y no por iniciativas aisladas, que por sí solas no representan ninguna ventaja ni garantía de futuro. Comisiones acusa al Gobierno de plantear una modificación «superficial» y «excesivamente genérica para tratar y resolver los problemas de fondo». Sus expertos ven peligrar el sistema si el Ejecutivo mantiene su política de conceder todas las peticiones demandadas por los diversos colectivos. Por ejemplo, no consideran positiva la última reforma de los coeficientes reductores. A su juicio, el poder político tiene que ser firme y decidir si hay coeficientes o no pero con carácter general. «No se puede actuar en función de presiones o amiguismo», añadieron. Los negociadores de CEOE mantienen la cautela que les caracteriza en cualquier mesa del diálogo social, pero se muestran proclives al aumento del periodo mínimo de cotización. A su juicio, aplicar la efectividad a los 15 años exigidos es un cambio demasiado moderado. Por otra parte, el Gobierno estableció el viernes un límite único de deducción de 8.000 euros anuales por aportaciones a planes de pensiones y productos ligados a la dependencia, que se elevará a 10.000 euros para los mayores de 50 años, según el proyecto de reforma fiscal aprobadoen el Consejo de Ministros. Estas aportaciones no podrán superar el 30% de las rentas del contribuyente por su trabajo o actividades empresariales, un porcentaje que aumentará hasta el 50 % para los mayores de 50 años. La nueva ley introduce «una total flexibilidad en la recuperación de las aportaciones a los fondos y planes de pensione», ya que los contribuyentes podrán cobrar estos productos en forma de renta, en forma de capital (todo de una vez) o en diversos pagos, si bien se elimina la actual bonificación del 40 por ciento para la recuperación en forma de capital. El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, insistió en que «no se van a tocar para nada» los compromisos adquiridos anteriores a esta reforma fiscal, de forma que el capital invertido hasta el 31 de diciembre de 2006 sí podrá gozar de la bonificación del 40% si se recupera de una vez.