El sustituto de Montilla tendrá que deshacer el embrollo de las opas a Endesa

Mucho queda por hacer en el sector eléctrico. El nuevo responsable de Energía en el Ministerio de Industria, que accederá al cargo en septiembre tendrá que sumar, a su conocimiento del sector, buenas dosis de firmeza y mano izquierda. Necesita recomponer el mercado mayorista, reconducir el proceso de liberalización hacia la supresión de la tarifa en el 2010 y colaborar a que se produzca una salida lo menos desairada posible en el embrollo de las opas sobre Endesa. El titular de Industria que sustituirá a José Montilla el próximo 8 de septiembre podría renovar la confianza a los secretarios de Estado de Telecomunicaciones y de Comercio y Turismo, pero el secretario general de la Energía, Antonio Fernández Segura, ya ha anticipado su renuncia. Las últimas decisiones que el Gobierno adoptó en su área -la supresión de los Costes de Transición a la Competencia, la segunda parte del Plan de Asignación de Derechos de Emisión- ya no contaron con su apoyo. La reforma del sector eléctrico era una pieza básica del plan de modernización de la economía española promovido por el Gobierno socialista, pero también una necesidad urgente. El esquema tarifario diseñado en tiempos del PP dejó una gravosa herencia en forma de déficit multimillonario a recuperar por las compañías en años sucesivos. Reformas paralizadas El Ministerio de Industria, tras recabar las competencias energéticas, emprendió cambios en la planificación, en las pautas para mejorar la eficiencia y, tras encargar la elaboración de un libro blanco, había empezado a abordar la metodología de la tarifa y la retribución de la generación y distribución cuando la opa de Gas Natural sobre Endesa paralizó estas reformas. Durante la espera, para aliviar el déficit producido por unos costes de generación eléctrica muy superiores a los ingresos, Industria subió la tarifa eléctrica en proporciones que a sorprendieron al sector: el 6%. Septiembre es clave. Para entonces, España ya habrá remitido a Bruselas sus alegaciones en defensa de las condiciones impuestas a la alemana E.On, requerimientos que el Ejecutivo comunitario considera «ilegales».