Industria plantea eximir a pymes y a autónomos de pagar la cuota a las Cámaras
El 80% de los autónomos no se sienten identificados con las cámaras de comercio. En el fondo de sus quejas está la tasa cameral, cuya abolición, solici-tada por escrito al Gobierno, podría no estar tan lejos. De momento, el Ejecutivo ya se plantea la posibilidad de re-formar el pago de la cuota. «En ningún momento se piensa en eliminarla, pero sí se barajan ideas para que el abono deje de ser obligatorio», explican fuentes parlamentarias. La idea con la que trabaja el Gobierno sería introducir la modificación correspondiente en la Ley de Cámaras de Comercio mediante un decreto. Pero que nadie eche las cam-panas al vuelo. Las mismas fuentes aclaran que la cosa va para largo. «De momento, sólo están dando pasos en el campo de las ideas», advierten. Y es que el Ejecutivo de Za-patero tendrá que moverse en este asunto con pies de plomo para no herir susceptibilidades en la cúpula de la cámaras de comercio que preside Javier Gómez-Navarro, ex ministro de Comercio socialista. Inspirado en el IAE El modelo que eximiría a los autónomos de pagar la cuota estaría inspirado en el seguido para la supresión del IAE. De modo que la obligatoriedad se limitaría a las grandes empre-sas que, en teoría, son las que se benefician en mayor medi-da de las misiones comerciales, aunque no todas acceden a ellas. Según esta fórmula, quedarían exentos del pago los pequeños negocios. «A día de hoy no hay nada so-bre el papel, pero no cabe duda de que es una medida que parte de la lógica», admite Manel Más portavoz socialista de Comercio en el Congreso. Los trabajadores por cuenta propia, por su parte, advierten de que la supresión de la cuota es su prioridad, tras la aproba-ción de la Ley del Estatuto del Autónomo. Esta negativa a pagar la tasa es lo que ha llevado a un empresario a pleitear durante nueve años contra la Cámara de Comercio de Madrid hasta que el Tribunal Constitucional reco-noció el pasado mes de octubre su derecho a no asociarse a la entidad. El Constitucional corri-ge así una primera sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.