Bruselas reclama más competencia en suministros públicos a España

La Comisión Europea pretende que España introduzca más competencia en el sector de los suministros públicos -como la electricidad, el gas y el agua- y en algunos servicios -caso de la distribución comercial-. Así se lo ha hecho saber hace escasas fechas al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en un informe algo crítico con el Plan Nacional de Reformas (PNR) donde, al tiempo que alaba los resultados macroeconómicos del país y sus «buenos progresos» en la adaptación de los objetivos comunitarios, lamenta el poco alcance de su reforma laboral y reclama mayor atención para la «escasa» productividad de su mercado interno. En apenas ocho folios -el último es un compendio de las principales magnitudes españolas desde 2000 y los objetivos fijados para 2010, con arreglo a la llamada «agenda de Lisboa»-, las autoridades de Bruselas hacen una radiografía bastante completa de la situación española. Así, señalan lo elevado de su crecimiento -un 3,8% estimado para este año y un 3,4% para el que viene-, lo que ha permitido que su renta per cápita se sitúe ya a solo un punto de la media comunitaria. También ven buenas noticias en el mercado laboral, con un elevado ritmo de creación de empleo -un 3,1% en el presente ejercicio y un 2,6% el próximo- y una tasa de paro que descenderá por vez primera del 8% durante 2007. El problema llega a la hora de evaluar las «políticas micro-económicas», donde la Comisión observa «una competencia insuficiente en ciertos sectores». Así, aunque reconoce «algunos progresos» en el comercio al por menor (retail) y la energía, reclama medidas de «mayor alcance» para ayudar a reducir la presión inflacionista. En el caso de la electricidad, los avances son calificados de «modestos», sobre todo porque en las instituciones comunitarias entienden que el modelo vigente de tarifas reguladas está creando «efectos negativos sobre la estructura del mercado». El plan de liberalización previsto por España con el horizonte 2011 es considerado demasiado lejano, al igual que ocurre con el del gas (2008). En la Comisión son conscientes de que el Gobierno socialista se ha comprometido a desarrollar un gran número de medidas para asegurar el suministro eléctrico, pero creen que aún tiene bastante camino por recorrer en el campo de las interconexiones. También en el sector de la distribución comercial observa que la liberación del mercado no es la deseada (por trabas legales de las administraciones territoriales), al igual que ocurre en el campo de los servicios profesionales, por lo que insta a España a mostrar «mayor coraje» y seguir las recomendaciones del Tribunal de Defensa de la Competencia para «llevar más lejos sus esfuerzos en orden a reorientar la situación actual». «Brecha» laboral En el plano laboral, el principal déficit visto desde Bruselas es la «excesiva segmentación» de este mercado, con una enorme flexibilidad en los contratos temporales (que representan más de un tercio del empleo total, lo que duplica con creces la media comunitaria) que contrasta con el poco margen que ofrecen los contratos permanentes, así como la falta de incentivos para el trabajo a tiempo parcial. También ve necesario elevar las bajas cifras de productividad (más cantidad con mayor calidad, e inversiones más fuertes en capital humano), condición «necesaria» para «prevenir deterioros más profundos en la competitividad causados por una inflación alta persistente». Por todo lo dicho, la Comisión estima que el mercado laboral español precisa de medidas «de mayor alcance» que las adoptadas hasta ahora, una recomendación que -de ser seguida- supondría una segunda reforma general en menos de un año después de aprobar la última. En las políticas de investigación y desarrollo (I+D), reconoce los esfuerzos españoles por mejorar la inversión pero ve complicado alcanzar el objetivo comprometido por el Gobierno (2% del PIB en 2010), por lo que reclama más coordinación entre las políticas nacionales y autonómicas.