La Audiencia de Madrid anula la suspensión de las opas sobre Endesa

El proceso de opas sobre Endesa, que dio comienzo hace ya un año y tres meses, superó ayer su último escollo judicial. La Audiencia Provincial de Madrid decidió el lunes anular las últimas medidas cautelares que paralizaban la oferta de Gas Natural y, en consecuencia, la de E.On. El tribunal propició un varapalo a la eléctrica, ya que no se limitó a considerarlas injustificadas, sino que entró de lleno en el fondo y afirmó que «no cabe apreciar» que la gasista e Iberdrola pactaran para expulsarla del mercado. La hora de los accionistas se acerca y, según fuentes consultadas, el futuro de la eléctrica podría quedar desvelado en abril. El dictamen de la Audiencia Provincial de Madrid supone un severo correctivo para la juez Miriam Iglesias, que ha sido recusada por Gas Natural e Iberdrola por entender que actúa de forma parcial por sus circunstancias personales. Los magistrados de la sala vigésimo octava le advierten en el auto que «el umbral para poder obtener una medida cautelar no puede rebajarse». Le achacan haber actuado con «extrema laxitud» por basar en «algunas referencias carentes de la adecuada concreción» que el pacto colusorio pudo producirse. No sólo critican esa «endeble cimentación», sino también que no tuviera en cuenta la «explicación razonable» proporcionada por la gasista y la eléctrica vasca. Las dos compañías argumentaron que su pacto para la compraventa de los activos sobrantes de Endesa era una propuesta para enmendar los efectos perniciosos para la competencia. El tribunal recuerda que esta operación iba a ser tratada de forma independiente a la opa por las autoridades y juzga objetivo el sistema que se determinó para fijar el precio de los activos (a través de bancos de negocio). Maquinación de Endesa El fallo también lamenta que Endesa haya llevado un caso de concentración empresarial ante los juzgados mercantiles. La eléctrica, a su juicio, ha tratado de utilizar «todo su arsenal» contra la operación de Gas Natural. «No todas las armas que aquella sea capaz de esgrimir han de resultar idóneas para combatirla», advierte a la empresa que preside Manuel Pizarro. Un portavoz de la gasista interpretó el dictamen como un espaldarazo a sus argumentaciones y reiteró que el principal objetivo de Endesa está siendo instrumentalizar la justicia. Los plazos los marca la CNMV La Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene ahora la palabra. El supervisor bursátil ya tiene en su poder la resolución que desbloquea la suspensión de las opas dictada por el juzgado mercantil número 3 de Madrid, pero está a la espera de recibir el auto del Tribunal Supremo, que tendrá a su disposición antes de dos semanas. El miércoles pasado, en un llamativo cambio de criterio y por una exigua mayoría (16 a 15), la Sala Tercera del alto tribunal levantó la suspensión al estimar que han perdido intensidad los daños «sustanciales e irreversibles» para los consumidores que atisbó apenas siente meses antes. Hoy por hoy, el único obstáculo que podría interponerse entre las opas y los accionistas de Endesa es la investigación abierta en el juzgado mercantil número 1 de Barcelona por un supuesto intercambio de información privilegiada entre la eléctrica y la alemana E.On. Si aprecia indicios sospechosos, el juez podría suspender el proceso o facilitar la información a Gas Natural para que presente una denuncia. Una vez recibidos los autos, el consejo del organismo que preside Manuel Conthe determinará el plazo durante el que los accionistas podrán aceptar las ofertas (de uno a dos meses) y el día en que echará a andar el proceso (se espera que en las primeras dos semanas de febrero). Gas Natural y E.On tendrán cinco días para presentar en sobre cerrado una eventual mejora de su oferta. El sexto se darán a conocer los nuevos precios y a partir de ahí el consejo de Endesa tendrá otros cinco días para reunirse y hacer pública su opinión sobre las opas. Es muy probable que los administradores de la eléctrica aprovechen el encuentro para convocar la junta que votará si se retiran los blindajes que limitan el papel de sus accionistas mayoritarios, algo a lo que la gasista y la alemana han condicionado sus ofertas. Después quedará cerrado el proceso de aceptación y, unos diez días después, la CNMV hará público el resultado oficial.