Desaparece, tras 30 años, el monopolio del servicio público de empleo

El Gobierno, las patronales Ceoe y Cepyme, y los sindicatos CC.OO. y UGT negociarán en breve la entrada del sector privado, con ánimo de lucro, en la intermediación laboral, después de casi 30 años de gestión gratuita. Los tres interlocutores asumieron en la última reforma del mercado laboral consensuada (mayo del 2006) regular en la presente legislatura las compañías de recolocación. El debate tendrá lugar en la comisión de seguimiento del proceso de diálogo social. Las patronales ven con muy buenos ojos la medida y apuestan por una regulación flexible y libre. Son conscientes de que habrá empresas que se beneficiarán de la apertura. CC.OO. y UGT asumen la implantación de ese tipo de sociedades, si bien advierten de que no están dispuestas a que sea un «mecanismo truco» que amplíe la actividad de las empresas de trabajo temporal (ETT's). El Ministerio de Trabajo, por su parte, insiste en que cualquier compañía de recolocación operativa estará tutelada por el Servicio Público de Empleo (SPE), antiguo Inem. Sus responsables afirman que esta condición garantizará la ausencia de discriminación en las recolocaciones. Rotundo fracaso El Inem fue creado por Real Decreto-Ley en 1978 para gestionar la política de empleo, facilitar servicios gratuitos a los parados y formar a los desocupados. En 1995, el Gobierno de entonces, socialista como el actual, dio su visto bueno a las agencias privadas de colocación, que quedaron reguladas como entes que no podían obtener beneficios Desde sus comienzos el Inem fue un fracaso a la hora de casar ofertas y demandas. El papel de las agencias no mejoró la situación. En consecuencia, los sucesivos gobiernos han barajado legalizar las empresas privadas de recolocación, posibilidad rechazada de manera tajante por los sindicatos. Tras intensos debates, recomendaciones de expertos en el mercado laboral, y de la experiencia de otros países, las opiniones en España han cambiado. Ahora, los agentes sociales se han comprometido por unanimidad a abrir la puerta a que ciertas empresas privadas que buscan rentabilidad económica con su actividad.