Los sindicatos tildan de «agresión» subir la jornada laboral a 65 horas

CC.OO y UGT tildan de «agresión» la directiva comunitaria sobre el tiempo de trabajo que aboga por ampliar la jornada laboral de 48 a 60 ó 65 horas semanales. Consideran que «estamos ante el mayor ataque a los trabajadores desde la creación de la Unión». Las críticas de Comisiones se dirigen también al Gobierno a cuyos miembros insta a que España abandone las posturas «tibias» y pase de «la abstención al rechazo frontal». Por su parte, CEOE lanza un llamamiento a la tranquilidad y solicita el alejamiento de los «análisis catastrofistas». Las tres organizaciones coinciden en que ahora el Parlamento Europeo tiene la llave para que la medida prospere con rapidez o para que, por el contrario, se abra un largo proceso cuya resolución puede demorarse hasta seis años. La jornada laboral máxima de 48 horas semanales data de 1917. A primera hora de este martes, los ministros de Trabajo de la Unión Europea (UE) aprobaron una directiva con la propuesta de la presidencia eslovena para elevar esa jornada hasta las 60 horas con carácter general y hasta las 65 para determinados colectivos como el de los médicos. La Comisión ha valorado la decisión porque, entre otros beneficios, asegura que «demuestra que la flexiseguridad puede ponerse en práctica». No obstante, la entrada en vigor de la norma necesita el visto bueno del Parlamento que siempre se ha mostrado contrario a iniciativas de estas características. Sí efectivamente la Cámara rechaza el plan del Consejo será necesario crear una comisión entre ambos órganos para elaborar una propuesta de consenso. Al haber, por medio, celebración de elecciones europeas los trámites se demorarían y se llegaría al año 2010 con el conflicto sin cerrar. En esa fecha, España cobraría protagonismo al ostentar la presidencia europea durante el primer semestre y, dado que el ponente de la comisión tendría que ser un representante del país dirigente, su posición podría inclinar la balanza. Por otro lado, el sí del Parlamento en primera instancia implicaría la traslación de la directiva a cada país.