El Gobierno quiere conseguir unos servicios públicos de empleo útiles
El diálogo social ámbito de debate y negociación entre Gobierno, empresarios y sindicatos se reanuda la próxima semana con alguna que otra incógnita. Cómo se aplicará, por fin, el plan urgente de recolocación, anunciado en febrero por el anterior ministro de Trabajo, Jesús Caldera, o cómo se reestructurarán los servicios públicos de empleo para que sean un vehículo eficaz en la reinserción laboral de los parados o como se reformará la formación profesional para que se convierta en una enseñanza útil para mejorar las aspiraciones de trabajo y frenar el desempleo. La primera reunión después de vacaciones está prevista, salvo cambios de última hora, para el 3 de septiembre. La adopción de medidas contundentes que frenen los efectos de la crisis en el mercado laboral acucia. En un año (julio sobre julio) el paro ha aumentado en 456.578 personas, más de un 23%. Pero todo indica que el encuentro del miércoles sólo servirá para fijar el calendario y el temario de la negociación. El actual titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha anunciado que en septiembre entrará en vigor el plan de choque proclamado por su antecesor. El proyecto costará 201 millones de euros y repercutirá en cerca de 500.000 parados, que contarán con 1.500 orientadores. Recoge subvenciones, por un máximo de 11.374 euros, para el desocupado que acepte un empleo en otra localidad, provincia o comunidad diferente de la que vive y ayudas de 350 euros mensuales durante tres meses para los desempleados con especial dificultad laboral. La adaptación de los servicios públicos de empleo y de la formación profesional es una aspiración de los últimos gobiernos que, según los escasos avances registrados en la última década no parece fácil de conseguir. El Instituto Nacional de Empleo (Inem) ya no existe. Su renovación ha dado paso -dentro de un ambicioso plan a terminar en 2009- a los servicios públicos de empleo con una nómina mensual de 1.000 millones de euros, 700 oficinas en red y 6.500 funcionarios para atender 1,5 millones de recibos cada 30 días y resolver 5.500.000 expedientes al año, que han resultado incapaces de superar el fracaso que supone casar únicamente siete demandas de cada cien ofertas.