Argentina y Uruguay sellan la paz en la pugna por una papelera

Después de tres años y medio de protesta sostenida, el grupo de argentinos que mediante guardias permanentes mantuvo día y noche cortado un acceso terrestre hacia Uruguay levantó ayer la medida de fuerza. La disputa surgió a raíz de la instalación en Uruguay de una fábrica que produce 3.000 toneladas diarias de pasta de celulosa sobre un río compartido con Argentina. El Gobierno de Buenos Aires apeló a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y el tribunal se pronunció este año mediante una sentencia salomónica. Los magistrados admitieron que las autoridades de Montevideo incumplieron con su obligación de informar debidamente de las obras a su vecino. Pero indicaron que la fábrica, que funciona desde hace dos años, no contamina. Los vecinos de la localidad argentina de Gualeguaychú, a 35 kilómetros de la planta, no piensan lo mismo. Desde antes de que comenzara la construcción de la planta que inauguró la empresa finlandesa Botnia -hoy UPM- se opusieron a su instalación por temor a los residuos. Por eso cortaron el acceso al puente sobre el río Uruguay y presionaron así para que la factoría fuera reubicada.

Ahora, después del fallo de La Haya, el Gobierno de Cristina Fernández considera que la protesta no se justifica. El desafío actual es el control argentino-uruguayo de la calidad del agua y el aire. Para Buenos Aires, la fiscalización debe incluir a la instalación misma, un avance que genera resistencia en Montevideo.