Francia defiende la legalidad de las expulsiones ante los avisos de la ONU

El Gobierno francés respondió ayer a las críticas de un Comité de la ONU a su política de expulsiones de gitanos asegurando que esa política respeta «escrupulosamente» la legislación europea y sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Los gitanos rumanos o búlgaros son ciudadanos de la Unión Europea (UE) y disfrutan, como los demás, de la libertad de circulación en el territorio de los Estados miembros pero no gozan de «un derecho incondicional de estancia», precisó ayer el portavoz del ministerio galo de Exteriores, Bernard Valero. Eso es lo que estipula la normativa europea, según Valero, quien recordó que, tras la adhesión de un nuevo socio, el derecho comunitario «prevé dos límites» a la prolongación de la estancia en otro país de la Unión: «el respeto del orden público» y contar con «recursos suficiente para no representar una carga excesiva al sistema de asistencia social del Estado miembro de acogida».

En el caso de los gitanos que está expulsando Francia, Valero incidió en que estaban residiendo de forma ilegal en territorio francés y precisa que, en la gran mayoría de los casos, aceptan voluntariamente volver a su país con «una ayuda específica» de 300 euros por adulto y 100 euros por menor. Además, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos son rumanos, «las autoridades francesas y rumanas han comenzado a poner en marcha una cooperación bilateral relativa a la inserción social de estas poblaciones en su país de origen y a la lucha contra la delincuencia y el tráfico de seres humanos».

Además, como ya anunció el primer ministro francés, François Fillon, representantes del gobierno galo y el rumano se desplazarán próximamente a Bruselas para reunirse y abordar la cuestión de los gitanos con los comisarios europeos implicados en este ámbito.

Las explicaciones del portavoz de Exteriores se produjeron horas después de que el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) criticara a Francia por las repatriaciones colectivas de gitanos rumanos, y le aconsejara actuar según los derechos humanos. «Recomendamos a Francia que evite las repatriaciones colectivas y que vele por que todas las políticas respecto a los romaníes sean conformes a la Convención Internacional de la ONU sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racia», afirmó el Comité en sus conclusiones.

A las advertencias de este organismo se ha sumado también Amnistía Internacional (AI) que hizo un llamamiento a las autoridades francesas para que se centren en luchar contra la discriminación más que en hacer «declaraciones provocadoras».