Netanyahu echa un pulso a los colonos, obligado por el Supremo israelí

El Gobierno israelí, obligado por el Tribunal Supremo, está echando un pulso a los colonos judíos del asentamiento de Migrón, en el norte del territorio palestino ocupado de Cisjordania, que se oponen a ser evacuados en cumplimiento de una sentencia judicial.

Ni siquiera el actual ejecutivo, que mira con los mejores ojos al movimiento colonizador -varios de sus actuales ministros son ellos mismos colonos-, puede evitar eternamente cumplir las sentencias del más alto tribunal.

El Supremo dio el pasado agosto un ultimátum al Estado para que evacúe a más tardar en marzo el asentamiento de Migrón, en el norte de Cisjordania y el mayor entre los que la legislación israelí considera ilegales (para la ley internacional todos lo son) por estar construido sobre tierras robadas a palestinos particulares.

Sabedores del coste político de la medida y de la ira furibunda que desatará entre el movimiento colono -muchos de cuyos miembros son votantes del derechista Likud que dirige el primer ministro Benjamín Netanyahu- el Gobierno ha dilatado durante años la decisión judicial y, una vez firme, ha hecho lo imposible por retrasar su cumplimento. Pero, en agosto la corte fue tajante: se acabaron los retrasos: las autoridades tienen obligación de hacer cumplir la ley y evacuar a las cincuenta familias que en la última década se han instalado allí.

Netanyahu afirmó ayer su deseo de "honrar la decisión judicial pacíficamente y con un acuerdo" y propuso a los habitantes de Migrón levantar para ellos "nuevas viviendas permanentes cerca del sitio actual en tierras del Estado". "Tras la finalización de la construcción, los residentes se trasladarán al sitio permanente. El lugar será evacuado y se entregará a la Administración Civil de Judea y Samaria", señaló.

La oferta es inmejorable: los colonos se mantendrán en sus casas durante años y las abandonarán solo cuando tengan otras, que pagará el Estado y se construirán en la misma colina que las que tienen ahora.

La solución les permitirá seguir siendo colonos en territorio palestino ocupado, cumpliendo con lo que consideran su misión en esta vida: poblar la tierra que Dios regaló a los judíos. Además, la tierra seguirá en manos del Ejército israelí, no se devolverá a sus propietarios palestinos. Pero, para el movimiento colonizador retirarse de Migrón supone admitir que estar allí es ilegítimo, algo contrario a su creencia de que esa tierra les pertenece por designio divino.

Para la legislación israelí, la diferencia entre una tierra y otra radica en que en un caso pertenece a particulares palestinos y, en otro, han sido declaradas (en base a una antigua ley otomana) "tierras del Estado", que el Ejército israelí administra y sobre la que consideran que tienen potestad para construir. La ley internacional, sin embargo, establece que Israel no tiene derecho a edificar en territorio ocupado ni tampoco a transferir allí a su población.

Para los defensores de derechos humanos el hecho de que las tierras tengan o no dueño es, en este caso, irrelevante, puesto que consideran que los asentamientos judíos en territorio ocupado, sea de quien sea la tierra específica donde se construyan, dañan las perspectivas de alcanzar la paz.

"La oferta del Gobierno es muy negativa. Implica que Migrón no se desmantelará en muchos años y, además, anuncia la creación de un nuevo asentamiento en el corazón de Cisjordania, y eso son muy malas noticias para quienes tienen la esperanza de que haya un proceso de paz", explicó hoy a Efe Yariv Oppenheimer, director de la ONG israelí Paz Ahora. Su preocupación no solo está en el anuncio de una nueva colonia, sino también en el resto de propuestas "compensatorias" que maneja la derecha israelí para responder al "caso Migrón".

Varios legisladores y ministros que se oponen a la evacuación -entre ellos el presidente del Parlamento, Reuven Rivlin, y los ministros Limror Livnat y Yuli Edelstein- apuestan por aprobar una ley que permita legalizar retroactivamente Migrón indemnizando a los palestinos sobre cuyas tierras se levantó.

"Es escandaloso", considera Oppenheimer, que advierte que, de aprobarse esa norma, "Israel se convertiría en el único país que permite robar y después legalizar el robo pagando a la víctima. Es inaceptable y viola los principios más básicos de la democracia y derechos humanos". Recuerda que "Cisjordania es territorio palestino sobre el que se deberá constituir el futuro estado palestino. Si siguen los asentamientos, no habrá una solución de dos estados".

La ONG recomendaba ayer a Netanyahu, irónicamente, que "si no ve necesario evacuar a los colonos les acoja en el jardín de su villa en Cesaréa, hasta que se les construya el barrio alternativo que propone".

Un portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) señaló a Efe desde Ramala que, con su oferta a los colonos "el gobierno del señor Netanyahu demuestra una vez más su compromiso con la perpetuación de la ilegal ocupación israelí y su compasión y excesiva generosidad por los ilegales colonos que habitan palestina".