Grandes medidas de seguridad en Turquía ante el veredicto a los supuestos golpistas

Después de casi cinco años de proceso y entre grandes medidas de seguridad, la Justicia turca prevé dar a conocer hoy el veredicto del polémico caso Ergenekon, en el que están encausadas casi 300 personas por formar parte de una supuesta trama golpista para derrocar al Gobierno.

En el "macrojuicio", que empezó en octubre de 2008, se han presentado cargos contra 278 personas, y la fiscalía, que ha pedido 64 cadenas perpetuas por golpismo, define al exjefe del Estado Mayor (2008-2010), el general Ilker Basbug, como el "líder de una organización terrorista".

Entre los procesados hay militares de alta graduación, periodistas, profesores universitarios, antiguos rectores, abogados y ex diputados, a los que se les imputa participar en planes golpistas para tratar de derrocar el Gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), liderado por Recep Tayyip Erdogan.

Los fiscales acusan a la supuesta trama de planear asesinatos y atentados para causar disturbios y allanar así el camino para un golpe militar que desalojara al Ejecutivo del poder.

A la lectura del veredicto, para la que no hay hora fijada, se procederá en la prisión turca de alta seguridad de Silivri, a unos 70 kilómetros al oeste de Estambul.

Por razones de seguridad, el veredicto sólo podrán seguirlo allí diputados, abogados, acusados y miembros de la prensa, lo que ha despertado protestas de los colegios de abogados y la oposición, ya que va en contra del principio de las audiencias judiciales públicas.

Centenares de agentes de la gendarmería, con el apoyo de numerosos soldados, han sido desplegados en los alrededores de la prisión para hacer frente a posibles protestas.

Según CNNTürk, se ha cortado también el tránsito de vehículos privados hasta la prisión para evitar la llegada de posibles manifestantes en autobuses desde Estambul.

El caso comenzó en junio de 2007, con un registro policial en la vivienda de un suburbio de Estambul, donde se encontró un arsenal ilegal, y desde ese descubrimiento la supuesta trama golpista comenzó a crecer con las nuevas indagaciones.

La oposición laica y algunos grupos de activistas proderechos consideran que el juicio está politizado y se utiliza a la Justicia para purgar a las Fuerzas Armadas de quienes discrepan del rumbo del Gobierno islamista moderado.

Las detenciones de gran número de generales retirados y altos oficiales en activo eran impensables hasta hace pocos años en Turquía, donde el Ejército había disfrutado de un estatus intocable como uno de los bastiones del laicismo en el país.

En septiembre pasado, un tribunal condenó en Silivri a más de 300 militares a penas de cárcel en la trama golpista "Balyoz" (Maza) por tratar de derrocar a Erdogan hace una década, lo que subrayó el dominio civil sobre la otrora todopoderosa cúpula militar.

El Ejército se considera protector de la República, también contra sus "enemigos internos", y los generales han sacado a sus militares a la calle en tres golpes de Estado en poco más de 50 años: en 1960, 1971 y 1980.

En 1997, en lo que se denominó un "golpe posmoderno", un comunicado del ejército hizo caer pocos meses después al primer gobierno islamista en Turquía, el del primer ministro Necmetin Erbakan, mentor y entonces compañero de partido de Erdogan.