Turquía impone cadena perpetua a siete generales golpistas ya retirados
Entre los acusados de esta trama militar golpista está un ex jefe del Estado Mayor .
Policías y manifestantes, durante las protestas.
Un tribunal de Estambul impuso ayer cadena perpetua a siete generales retirados, entre ellos Ilker Basbug, jefe del Estado Mayor entre 2008 y 2010, al emitir la primera tanda de sentencias en el marcojuicio de Ergenkon, una trama militar golpista.
Los jueces pronunciaron 19 cadenas perpetuas, impusieron sentencias de entre dos y 49 años de cárcel a otros 62 acusados y absolvieron a 21 personas.
El tribunal consideró probado que Basbug y otros altos cargos militares, entre ellos los generales Hursit Tolon y Hasan Igsiz, comandantes en jefe del Primer Ejército de las Fuerzas Armadas turcas, conspiraron a inicios de la década pasada para derrocar el gobierno del Partido Justicia y Desarrollo.
Basbug rechazó todos los cargos en un juicio que muchos simpatizantes de los acusados calificaron de farsa y persecución política.
«La nación dirá la última palabra sobre estos acusados, y la nación ni puede equivocarse ni engañarse», manifestó el ex general tras conocer la sentencia.
«Los que siempre han estado del lado de los derechos y la justicia tienen la conciencia tranquila; yo estoy así», añadió.
De las 19 cadenas perpetuas impuestas ayer, siete corresponden a generales retirados, cuatro a ex coroneles y el resto a políticos, periodistas y abogados.
Desde primeras horas de la mañana, la policía había impuesto enormes medidas de seguridad alrededor de la prisión de Silivri, a unos 70 kilómetros al oeste de Estambul, donde se celebra el juicio.
Todas las carreteras alrededor de la localidad fueron cerradas por la policía, que no permitió a nadie acceder a las inmediaciones del juzgado, excepto abogados, periodistas y diputados.
Cientos de autobuses con manifestantes de diversas provincias de Turquía tuvieron que quedarse en el camino y se impuso incluso una prohibición de sobrevolar la zona.
A media mañana, la policía cargó con granadas de gas lacrimógeno contra grupos de manifestantes con el resultado de que algunos sembrados acabaron siendo pasto de las llamas.
Las sentencias ponen fin a cinco años de investigación en un macrojuicio que arrancó en octubre de 2008.