México pagará recompensas para localizar a los 43 estudiantes de Iguala

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m. l. de guereño | la habana
León

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El caso de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos se complica cada día mientras el Gobierno de Enrique Peña Nieto intenta controlar los daños. Por ese motivo, Jesús Murillo Karam, fiscal general de la República anunció «recompensas fuertes», que se entregarán a quienes den pistas sobre los alumnos de magisterio o sobre los policías municipales que se fugaron cuando el 26 de septiembre los jóvenes fueron capturados en Iguala. En ambas búsquedas también colabora la Interpol.

Los esfuerzos de las autoridades aztecas se producen en plena oleada de protestas de familiares, universitarios y policías comunitarios, que buscan por su cuenta, piden responsabilidades y amenazan con tomar cada uno de los 81 ayuntamientos. Exigen justicia.

Murillo lanzó el anuncio de las recompensas ante la comisión de gobernación del Senado. Su presidente, Omar Fayad, explicó tras la reunión que el Ejecutivo incrementará acciones en la zona limítrofe entre Guerrero, Morelos, Estado de México y Michoacán, identificada como foco rojo de violencia.

El estrechamiento del cerco sobre el cartel Guerreros Unidos está logrando triunfos. El último ha sido la detención de Raúl Núñez Salgado, presunto cerebro financiero de la organización, cuando salía de un centro comercial de Acapulco, el principal destino turístico del Estado de Guerrero. Según el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, Núñez confesó que hacía «un pago de 600.000 pesos mensuales (unos 35.000 euros), que entregaba a Francisco Salgado Valladares», director de Seguridad Pública de Iguala que huyó al mismo tiempo que el alcalde de la localidad, José Luis Abarca.

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El dinero, que no lo gana ni el presidente, era para hacer la vista gorda y proteger a los mafiosos. Ese poder económico es la principal fuerza del narcotráfico para penetrar y corromper las instituciones.