Un decreto permitirá a Macron aprobar la reforma laboral en verano
La principal promesa social del presidente va más lejos que la promulgada por el Ejecutivo de Hollande.
El presidente francés, Emmanuel Macron. ETIENNE LAURENT
fernando iturribarría | parís
El Gobierno francés aprobó ayer el proyecto de ley que le habilitará para legislar mediante decreto la reforma laboral, principal promesa social del presidente Emmanuel Macron. La intención gubernamental es sacar adelante este verano por el procedimiento acelerado una iniciativa que va más lejos que la promulgada por el anterior Ejecutivo socialista, que sacó a millones de personas a la calle el año pasado. El sindicato comunista CGT ya ha convocado una jornada de huelga y movilizaciones el próximo 12 de setiembre pero las demás centrales se muestran receptivas al proceso de diálogo abierto con los interlocutores sociales.
En Francia el Gobierno sólo puede legislar por decreto con la autorización previa del Parlamento a través de la ratificación de una ley de habilitación. Los decretos deben ser luego validados por los diputados y los senadores para que adquieran fuerza legal. La ventaja es que la reforma se pone en marcha con mucha rapidez pero con el inconveniente de que el Legislativo no puede debatir ni modificar el texto.
El proyecto aprobado por el Consejo de Ministros será examinado por el Parlamento del 24 al 28 de julio. Los decretos con el detalle preciso de las medidas serán redactados en agosto y enviados al Consejo de Estado a finales de ese mes, en pleno período de vacaciones cuando la capacidad de movilización sindical es nula. La adopción definitiva de la reforma por el Gobierno se producirá como muy tarde el 21 de setiembre.
La pretensión anunciada por Macron consiste en realizar una versión francesa del modelo escandinavo de ‘flexiseguridad’: flexibilidad de despido para las empresas y en contrapartida garantías laborales para los trabajadores. «Queremos hacer una reforma que aporte más diálogo social y económico, más libertad y más seguridad», resumió la ministra de Trabajo, Muriel Pénicaud, que fue directora de recursos humanos en Danone.
De momento sólo se conocen las orientaciones generales. Van encaminadas a ampliar los asuntos de negociación en las empresas en detrimento de los acuerdos sectoriales. También se pretende fijar un tope a las indemnizaciones por despido improcedente. Otros temas son la ruptura del contrato de trabajo, el despido por motivos económicos y la fusión de las distintas instancias representativas del personal, salvo los delegados sindicales.
Desde primeros de este mes hasta el 21 de julio el Gobierno ha programado 48 reuniones con las organizaciones sindicales y patronales. La CGT justifica su llamamiento a la huelga el 12 de setiembre para no «servir de coartada en el marco de un diálogo social trucado de antemano».