Europa propone más policía de fronteras frente a la inmigración
Acelerar la devolución de inmigrantes es otra de las medidas anunciadas por Juncker.
El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. SEEGER
efe | estrasburgo
Reforzar la protección de las fronteras externas con 10.000 policías y acelerar la devolución de inmigrantes irregulares son las principales medidas que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, propuso ayer para gestionar un asunto prioritario para la Unión Europea (UE). En su discurso sobre el Estado de la Unión, Juncker trazó la línea que espera que la Unión siga en política migratoria, uno de los aspectos que más ha dividido a los Estados miembros en los últimos años y donde más urgencia hay en alcanzar un acuerdo, para evitar nuevas crisis políticas.
«No podemos seguir discutiendo para encontrar soluciones ‘ad hoc’ cada vez que llegue un nuevo barco. La solidaridad temporal no es lo bastante buena. Necesitamos una solidaridad duradera», dijo Juncker, que apeló a Austria, que preside el Consejo de la UE hasta finales de año, a dar el «paso definitivo» para cerrar la reforma de la política migratoria.
En particular, la CE planteó reforzar de aquí a 2020 con 10.000 policías la Guardia Europea de Fronteras y Costas, creada en 2016 y que ahora cuenta con unos 1.300 efectivos desplegados y con 1.500 guardias de reserva. La idea es contar con un «cuerpo permanente» de policía de fronteras, con equipos propios y competencias ejecutivas, algo que según la CE constituye un «cambio radical» frente al sistema actual, que depende de las aportaciones voluntarias de personal y equipamiento de los países y afronta numerosas «lagunas». Otra de las iniciativas propuestas para frenar los flujos migratorios es la revisión de la directiva de retorno de 2008, cuya aplicación «ineficaz e incoherente» por parte de los países reduce, dice la CE, la eficacia de las devoluciones. Según la CE, de los más de 516.000 ciudadanos extranjeros que recibieron la orden de abandonar la UE en 2017, solo unos 188.000 (el 36,6 %) fueron devueltos, un porcentaje que Bruselas considera excesivamente bajo.
En otro orden de asuntos, El Parlamento Europeo (PE) recomendó hoy a los Estados miembros aplicar el artículo 7 de los tratados europeos y sancionar a Hungría al considerar que existe un riesgo de violación del Estado de Derecho.
Ese artículo contempla sanciones para el Estado miembro concernido, incluida la pérdida del derecho de voto en el Consejo de la UE.
Durante los últimos años, la negativa del Gobierno húngaro a acoger refugiados, las trabas a la libertad de prensa, y la aprobación de las leyes sobre universidades, que pone obstáculos a la Universidad Centroeuropea del magnate George Soros, y sobre el control de las ONG han generado el rechazo de Bruselas.
La recomendación de poner en marcha el artículo 7 salió adelante en el pleno de la Eurocámara por 448 votos a favor y 197 en contra, mientras que 48 eurodiputados se abstuvieron. Es la primera vez que la Eurocámara acepta poner en marcha este proceso, si bien la Comisión Europea ya aprobó en diciembre del año pasado aplicar el artículo 7 a Polonia.