El mandatario Álvaro Uribe pretende medidas para desarticular las redes de cultivo de drogas
El presidente colombiano inicia su cargo entre atentados de las FARC
Los primeros pasos del nuevo gobierno de Colombia, presidido por Álvaro Uribe, por avanzar en la adopción de medidas conducentes a solucionar los graves
En los últimos cuatro días, al menos 28 paramilitares han muerto tras enfrentamientos con patrullas militares. También se cuentan más de 100 bajas por choques entre guerrilleros y elementos de extrema derecha. Paralelamente, la policía del estado de César frustró un secuestro gracias a la red de informantes civiles. En Pasto, capital de la provincia de Nariño, en la selvática región del Putumayo, en la frontera con Ecuador y Perú, Uribe explicó el plan del Gobierno para sustituir cultivos de coca por boques nativos. «Vamos a pagar cinco millones de pesos (2.000 euros) anuales a cada familia que voluntariamente erradique su cultivo artesanal de coca, siembre bosque y garantice su protección». La presencia de guerrilla y paramilitares es permanente en esta región donde se concentra el 50% de las más de 130.000 hectáreas dedicadas al cultivo de hoja de coca en Colombia. Estos fondos provienen de los 1.300 millones de dólares que Estados Unidos aporta a través del Plan Colombia, en el que se da también apoyo militar. Poco después de que el presidente y todos sus ministros participaran en un Consejo Comunitario de Gobierno para conocer de primera mano las quejas y necesidades de alcaldes y gobernadores locales, tuvo lugar la explosión de una bomba activada por supuestos miembros de las FARC que dejó heridos leves a 5 soldados y un suboficial. El artefacto, una bombona de gas doméstico rellenada con seis kilos de dinamita, estalló al paso de una patrulla de 30 militares. La ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, tras condenar el atentado reiteró que la acción demostraba la «falta de voluntad de paz» de la guerrilla y señaló que «este ataque leve subraya la necesidad de que la ciudadanía apoye a la fuerza pública para contener la violencia». Precisamente, la colaboración ciudadana frustró un secuestro en la zona del César, la primera región en poner en marcha la experiencia piloto de la red de informantes civiles. Uno de los 1.220 vecinos de la zona seleccionados para informar a las autoridades de movimientos sospechosos, y cuya vinculación se mantendrá en el anonimato.