España no topará los precios pero lanzará ayudas fiscales para campo y transporte
El Gobierno descarta los descuentos en carburantes o la rebaja del IVA de los alimentos

Un KC-135 de la Fuerza Aérea de EE UU reabastece de combustible a un F/A-18F.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado ayer que el Gobierno prepara un real decreto ley para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Próximo que contempla medidas fiscales para contener los precios de la energía, así como ayudas específicas para dos de los sectores más afectados por esta crisis: el campo y el transporte por carretera. Así lo ha trasladado tras reunirse con los sindicatos y la patronal para abordar este paquete de medidas, reunión a la que también han asistido las tres vicepresidentas y la ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno.
Lo que sí parece descartar el Ejecutivo, aunque Cuerpo ha indicado que están todavía evaluando todas las medidas, es la bonificación al precio de los combustibles, como se hizo cuando la guerra de Ucrania, de 20 céntimos por litro, o la rebaja del IVA de los alimentos. Según el ministro, los sectores y agentes con los que se han reunido han criticado la medida de la bonificación al combustible por ineficaz. «Es una de las medidas que menos nos aconsejan", ha compartido en la rueda de prensa, donde ha asegurado que, en cambio, los distintos sectores apuntan a medidas «en el ámbito fiscal». Además, no ha confirmado que las medidas que se vayan a tomar lleguen a tiempo de ser aprobadas en el Consejo de Ministros del próximo martes. «La prioridad es cerrar el texto con la máxima celeridad, en los próximos días para que esté preparado para su aprobación", ha afirmado Cuerpo, pero sin concretar la fecha exacta. Sobre las medidas concretas, el ministro ha garantizado que habrá una «atención especial» a los sectores más afectados por la crisis, como son el campo y el transporte por carretera.
Junto con estas medidas, Cuerpo ha descrito lo que define como el «esqueleto» del plan del Gobierno frente a las posibles consecuencias del conflicto en Oriente Próximo, que se basará en el «rigor", la «responsabilidad» y la «flexibilidad» para ir adaptando las medidas en función de cómo evolucione la situación geopolítica y económica.
Este está compuesto por cuatro puntos principales: medidas de corte estructural que avancen en la apuesta por las energías renovables, la transición ecológica y la electrificación, que están suponiendo «un seguro de vida» para reducir el efecto de la crisis, y medidas relacionadas con la «minimización» del impacto en términos de coste de la electricidad y de energía, que serán esencialmente medidas fiscales.
Completan los cuatro pilares la voluntad de «atender al impacto de la subida del precio de los combustibles", con ayudas a sectores como el campo y el transporte y mediante la «vigilancia» de la evolución de precios por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y el escudo social, para lo que «ya están preparadas» algunos mecanismos como los ERTE en caso necesario.